«¿Por qué en Chiclana o en Sevilla valen los quioscos y en Cádiz no?»

El Ayuntamiento de Cádiz esperará que los tribunales decidan sobre la legalidad o no de los quioscos de La Caleta y Varela. La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio ha decidido interponer un recurso contencioso administrativo al considerar que ambos proyectos no cumplen el Plan de Ordenación Urbana vigente. Ha impugnado las licencias de obras de ambos establecimientos y todo podría acabar con el derribo de los locales.

La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, ha contestado que el Consistorio «realizó un concurso público para la concesión de esos espacios con la interpretación de los técnicos del PGOU; si ellos no lo hubieran considerado legal, el concurso nunca se habría abierto, porque el objeto era dotar de más servicios a ambas zonas».

La alcaldesa añadió que «en el caso de que no hubieran cumplido las normas urbanísticas, el Ayuntamiento habría realizado una modificación puntual del PGOU, que se hubiera aprobado en dos meses, pero no fue necesario». Martínez fue tajante y dijo que «la decisión final la tiene el juez. Nosotros ya contestamos a la peticiones que nos hizo la Consejería de Vivienda y respetamos su decisión».

La Plataforma por un PGOU Alternativo aseguró que «el restaurante de Varela y el quiosco de La Caleta no se ajustan a la norma, en ambos casos se ha dedicado un lugar para el ocio a una actividad comercial», señalaron desde la entidad.

Sin embargo la alcaldesa comentó que este tipo de quiosco existen en Chiclana, junto al río Arillo; o en Sevilla, en la margen del río Guadalquivir. «¿Por qué en Cádiz no valen y en estas ciudades sí?», cuestionó Martínez.

La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Cádiz ya se enfrentaron en los tribunales hace casi una década por la construcción de una residencia de mayores en la calle Condesa Villafuente Bermeja, junto al colegio de Las Esclavas. La Administración autonómica defendió entonces que a esa superficie, aledaña al centro educativo, no se le podía dar uso para la construcción de un geriátrico. Pero los tribunales dieron entonces la razón al Ayuntamiento de Cádiz, al considerar que era un servicio necesario para esta zona.

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