El fiscal Núñez denuncia que la demolición de casas ilegales no llega a ejecutarse
Las sentencias de demolición de viviendas ilegales en Cádiz se quedan muchas veces en «papel mojado», al no ejecutarse por los ayuntamientos, lamentó ayer el fiscal provincial de Medio Ambiente, Ángel Núñez, en una conferencia pronunciada durante las Jornadas sobre Delitos Urbanísticos, en Cádiz.
Actualizado: GuardarNúñez explicó que desde la Fiscalía es imposible llevar un seguimiento eficaz sobre el cumplimiento de sentencia, ya que cuando los juzgados comunican la decisión del juez a las administraciones locales para que lleven a cabo las demoliciones, el fiscal pierde el control de esta medida, que posiblemente no llegue a ejecutarse porque el derribo debe ser pagado por el infractor.
Por otra parte, Núñez destacó que los delitos urbanísticos, tras diversas sentencias dictadas por el Tribunal Supremo, deben ser considerados como un delito común que puede cometer cualquier persona. Y criticó la disparidad de criterios que puede existir entre las diferentes Audiencias Provinciales sobre este tipo de delitos. En este sentido, el fiscal gaditano abogó porque un órgano superior, como el TSJA o el Tribunal Supremo, unifique estos criterios.
Por último, criticó las escasez de medios con los que cuentan los juzgados para la investigación de estos delitos, y citó como ejemplo la provincia de Cádiz, donde tan sólo se cuenta con tres fiscales para luchar contra el «desorden urbanístico», que Núñez considera no sólo se resuelve por lo judicial, sino también desde la política.
