Educación para la Ciudadanía acumula 300 objeciones más en sólo dos meses

Un total de 1.600 padres en la provincia se niegan a que sus hijos cursen la ya polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC). El número ha aumentado en 300 tras el último balance realizado por los colectivos el pasado mes de septiembre, cuando contaban 1.300 solicitudes de oposición a la materia. En el caso de Andalucía, el número de objeciones asciende a 8.193 y en España, se eleva hasta los 50.420 casos de alumnos objetores.

Las plataformas que aglutinan la lucha de los opositores a la materia en Cádiz se trasladaron ayer hasta El Puerto para celebrar estos datos, «fruto del gran esfuerzo que estamos realizando», según aseguró Ignacio Martínez, portavoz del Foro de Laicos Asidonia. Para Martínez, «las más de 50.000 objeciones presentadas son fruto del coraje de los padres, que han decidido oponerse a un conjunto de asignaturas cuyo propósito es formar la conciencia moral de sus hijos».

Pero el camino «no es fácil, reconoció el portavoz, al tiempo que aseguró que durante los últimos meses los objetores han sufrido «presiones y amenazas del Gobierno central y los gobiernos autonómicos». Estas coacciones se refieren a la posibilidad de que sus hijos tengan un suspenso por no asistir a la clase de EpC.

80 recursos judiciales

Ante ello, aseguró que las plataformas seguirán luchando a través de la vía judicial, «por la imposibilidad de dialogar con las administraciones». Según Martínez, «la intransigencia de las administraciones educativas ha obligado a los padres a tener que recurrir a los tribunales, de manera que, a estas alturas, se han acumulado 1.575 procedimientos judiciales reclamando el reconocimiento del derecho a la objeción». Concretamente, en Andalucía se han presentado 180 recursos, de los que 80 corresponden a la provincia de Cádiz. Entre los datos que se aportó, resalta que ya existen 23 sentencias judiciales y 82 autos de medidas cautelares favorables a los padres. A nivel nacional, los tribunales han dictado más de 180 resoluciones favorables a los objetores, entre sentencias y autos de medidas cautelares.

Además, los padres aseguraron ayer que se encuentran con muchas trabas a la hora de poder informar sobre su postura ante la asignatura. Apuntaron incluso que hay muchas asociaciones de padres que llaman a las diferentes plataformas constituidas en Cádiz para que realicen charlas en los colegios que finalmente no pueden celebrarse ante la negativa de los propios centros escolares a prestar sus instalaciones. Por ello, las charlas sobre la asignatura se están realizando en hoteles o centros cívicos.

Finalmente, los objetores quisieron desvincularse de cualquier orientación política y los representantes de las plataformas gaditanas de Medina Sidonia, El Puerto, Cádiz, San Fernando y Chiclana, dejaron claro «la imparcialidad de su lucha», según Guillermo Carrero Blanco, de la plataforma portuense. Aseguraron que «todo lo hacen por el bien de los niños y por defender el derecho constitucional a educar a los hijos libremente sin predeterminaciones». Un derecho que, denuncian, les están intentando arrebatar y por el que «seguiremos luchando cada vez con más fuerza, tal y como muestran los datos».

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