Aval condicionado

l expediente de regulación de empleo temporal anunciado por Ford para los 5.177 empleados de su planta de Valencia y el desplome del 26% registrado en octubre en la producción de automóviles en las factorías españolas constituyeron ayer las últimas señales de alarma sobre la crítica situación que atraviesa uno de los pilares de la actividad industrial en nuestro país. La relevancia económica de un sector que representa el 10% del PIB y la amenaza que la fuerte contracción del consumo y del acceso a la financiación están suponiendo para miles de puestos de trabajo justifican la disposición del Gobierno, certificada tanto por el presidente Rodríguez Zapatero como por el ministro Sebastián, a movilizar el aval público para tratar de mitigar los gravosos efectos de la crisis y asegurar la sostenibilidad futura de las empresas concernidas. En este sentido, puede resultar razonable tanto que se permita a las financieras acceder al fondo de adquisición de activos habilitado por el Ejecutivo a fin de intentar reactivar la demanda como la propuesta del titular de Industria para procurar un plan integral que coordine medidas que tienen en la mayoría de los casos un ámbito de aplicación autonómico. Pero las iniciativas que se arbitren no pueden soslayar los condicionantes que supone la vinculación de las factorías a proyectos multinacionales, lo que multiplica los centros de decisión, ni la importancia que tiene en estos momentos imbricar los planes de cada estado con los que acuerde la Unión Europea. La imprevisión con que las compañías diseñaron su producción y el consiguiente desajuste entre la oferta y la demanda que la crisis ha agudizado hasta el extremo supone tanto la prueba de que los riesgos que corre el sector no pueden ser desatendidos, como de que las fórmulas de respaldo que se promuevan han de apoyarse en una revisión realista de la viabilidad futura de la actividad.