La Junta impugna las licencias de obra de los quioscos de La Caleta y de Varela

La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio ha acordado impugnar la inadmisión a trámite por el Ayuntamiento de Cádiz de las solicitudes que le formuló en el mes de agosto para la revisión de los acuerdos que otorgaban las licencias de obras para el establecimiento del bar-cafetería de la Caleta y el de los Jardines de Varela.

Una nota remitida a por la Consejería señala que a principios de agosto pasado, los técnicos comprobaron que "las instalaciones incumplían las condiciones impuestas por el planeamiento vigente en Cádiz al ubicarse en lugares dedicados a espacios libres y zonas verdes". Según señala el comunicado y de acuerdo con el PGOU gaditano en estos espacios " se admite la construcción de recintos cubiertos, pero no cerrados, destinados a proteger el paseo de inclemencias atmosféricas, actividades musicales al aire libre y otros usos semejantes de esparcimiento". Además señala que pueden albergar construcciones provisionales destinada a la venta de bebidas, periódicos, helados y actividades similares. Unas instalaciones que deben "ser desmontables y estar construidas acordes con el carácterr del espacio", tener una superficie de 20 m² y su altura no debe superar los 4,50m de alero”.

Unas características los polémicos 'quioscos' no cumplen, ya que según el comunicado de la Consejería de Vivienda estos establecimientos "tienen cerca de 100 m2 y más de 200 m2 respectivamente, superan la altura máxima prevista, no son provisionales ni fácilmente desmontables y, sobre todo, tienen un uso terciario o comercial no admitido dentro de la consideración de Equipamiento Dotacional ligado a actividades de ocio o relación".

Transcurrido el plazo otorgado al Ayuntamiento de Cádiz para que revisase de oficio las peticiones de la Consejería de Vivienda, "su Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el pasado 24 de octubre acordó no admitirlas a trámite y por ello, para restituir la legalidad urbanística, la Administración de la Comunidad Autónoma ha decidido interponer Recurso Contencioso Administrativo en orden a que sean los órganos judiciales los que determinen".