Operación incierta

a hipótesis de que el gigante petrolero Lukoil adquiera el 30% de la empresa española Repsol -pieza cardinal en el mercado energético nacional por su dominio del abastecimiento de carburantes, gas y electricidad- ha desatado un debate político sobre las inciertas consecuencias de facilitar el control ruso de un sector tan estratégico. Pero las discrepancias sobre el desembarco de la primera empresa petrolera rusa en España no sólo dividen al Gobierno y la oposición, sino que el Ejecutivo ha mostrado también divergencias internas en el análisis de la operación. En el fondo del problema subyace la dificultad de blindar los mercados energéticos europeos para garantizar el suministro sin exponerlo a presiones de carácter político; pero también pone en evidencia la fragilidad del sector español de la energía cuya empresa más emblemática está ahora abocada a vender precipitadamente un paquete de acciones muy significativo, para aliviar los apuros económicos del mayor accionista. Lukoil es la primera petrolera privada de Rusia entre cuyos accionistas figura la compañía estadounidense Conoco Phillips, pero cuyo presidente Vaguit Alekpérov, uno de los diez hombres mas ricos del país, ha consolidado un imperio empresarial a la sombra de Putin; mientras las sospechas de la presencia de tentáculos de las mafias en el accionariado no se han disipado de forma convincente. Es precisamente el peculiar funcionamiento de las empresas privadas en su relación con el poder político en Rusia el principal argumento de incertidumbre sobre las consecuencias de que Sacyr y La Caixa vendan sus acciones a Lukoil. Porque aunque es evidente que el Kremlin ha optado por una política exterior agresiva -ya quedó acreditada con la invasión de Georgia el pasado verano- recientes informes del Centro Nacional de Inteligencia atribuyen a Rusia planes para controlar el suministro energético del centro y sur de Europa y recuperar su antigua influencia diplomática. Es cierto que Bruselas ha dado a entender que no encuentra motivos para oponerse a la entrada de la petrolera rusa en el capital de Repsol, porque no se trata de establecer límites burocráticos a la libertad de empresa, pero es una evidencia que las reglas que rigen en el marco de la Unión Europea no tienen equivalencia en el mercado de la antigua Unión Soviética. La enorme prima sobre el actual valor de las acciones de Repsol en Bolsa -prácticamente un 100%- que ofrece Lukoil, indica el extraordinario interés de la petrolera por hacerse un hueco en el mercado español y sus valiosas conexiones en el latinoamericano. Para facilitar al Gobierno la tarea de convencer a la opinión publica de que la empresa sigue enarbolando bandera española, la compañía rusa ha accedido a ceder la gestión a los accionistas españoles pero esta condición no debería ser suficiente ni excusar al Ejecutivo de su obligación de sospesar la acción en todos sus ángulos antes de dar luz verde a una operación tan comprometida.