El fiscal mantiene su petición de absolución para ocho imputados en la 'operación Karlos'

La Fiscalía no ha cambiado sus planteamientos después de haber conocido los escritos de las acusaciones particulares en el procedimiento judicial por la operación Karlos. La representación letrada de la Junta y del INSS (Seguridad Social), que están personados en la causa como afectados por una trama que supuestamente gestionaba pensiones de invalidez con la connivencia de facultativos médicos, quiere sentar en el banquillo de los acusados a los 34 imputados que salieron de la investigación dirigida por el juzgado de Instrucción nº 1 de Cádiz. Por eso, ha pedido penas de prisión para todos ellos, como ya informó este periódico en ediciones pasadas.

Conocida la postura que van a mantener las acusaciones particulares en la vista oral, el fiscal encargado del caso ha comunicado al juez, mediante un escrito fechado el pasado lunes, sigue pidiendo la libre absolución para los ocho imputados que ya indicó en su escrito de acusación original, que deberían ser desvinculados del procedimiento. Sólo hay un nombre que falta en esa segunda lista, el de la hermana de Carlos Carretero, presunto ideólogo de la estafa. En la acusación que remitió a principios del mes pasado, el Ministerio Público solicitaba el archivo de las actuaciones relacionas con esta imputada. Ahora, ni siquiera aparece; y es que el juez ya admitió el recurso planteado por su defensa a raíz de dictarse el auto de procesamiento contra los 34 imputados hace varios meses. Ya en verano pasado, el instructor decidió el sobreseimiento parcial para ella, aunque el letrado de la Junta solicita tres años de cárcel.

Los otros ocho imputados que cuentan con el respaldo de la Fiscalía para obtener la libre absolución son supuestos beneficiarios de la trama que o bien no tramitaron nada o sus dolencias están acreditadas a juicio del Ministerio Público. También exculpa a dos imputados que aparecen en las diligencias porque las direcciones de sus domicilios fueron utilizadas para que clientes de la trama fijaran, sólo en los papeles, sus residencias y conseguir así ser atendidos por el inspector médico imputado. Según el fiscal, ninguno de los dos estaban al corriente y fueron utilizados por la trama.

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