Le Vert carece de pruebas para imputar a 'Txeroki' los asesinatos de Capbreton

La Justicia francesa no dispone de pruebas para imputar a Garikoitz Aspiazu, 'Txeroki', el asesinato hace un año de dos guardias civiles en Capbreton (Las Landas) ya que tanto sus huellas genéticas y dactilares como su pistola no se corresponden con los elementos incluidos en el sumario. El presunto jefe militar de ETA ingresó ayer de madrugada en la prisión parisiense de La Santé tras ser inculpado por dirección de organización terrorista, delito penado con hasta 20 años de prisión, y otros cargos conexos. Leire López Zurutuza, detenida junto a él en los Pirineos franceses, fue encarcelada en el penal de Fresnes.

Los peritajes balísticos de la pistola Smith&Wesson de 9 milímetros encontrada en poder de 'Txeroki' demuestran que no disparó los casquillos del mismo calibre recogidos el pasado 1 de diciembre junto a los cadáveres de Fernando Trapero y Raúl Centeno. Los análisis practicados por la Policía Técnica y Científica también establecen que no son suyas las huellas digitales ni las muestras de ADN recopiladas en el lugar del crimen y en los coches utilizados por los autores del atentado.

Los investigadores están pendientes del resultado del examen del material informático intervenido en el estudio de Cauterets (Altos Pirineos), último de los numerosos refugios utilizados por Aspiazu. Pero albergan escasas esperanzas de escrutar datos concluyentes, ya que una parte del contenido de los dos ordenadores y varios lápices de memoria está codificada como de costumbre con programas de cifrado de datos.

Queda el reconocimiento visual o fotográfico por parte de los testigos, pero éstos pueden verse condicionados por la publicación del retrato de 'Txeroki' en los medios de comunicación españoles. La Fiscalía de París ha ordenado a la Policía Judicial una investigación sobre el origen de una filtración que ha causado malestar en el Palacio de Justicia de París.

De momento, el único nexo de Aspiazu con el atentado de Capbreton son las declaraciones prestadas por los presuntos etarras Aurken Sola y Xabier Rey, detenidos en Navarra, en las que dicen que su jefe les dijo que él fue el autor del doble crimen. Pero se trata de manifestaciones de testigos indirectos sin suficiente valor probatorio a efectos penales. A punto de cumplirse un año de los hechos, faltan el tercer integrante del comando, aún sin identificar, y el arma del crimen. En el caso están ya imputados los presuntos etarras Asier Bengoa López de Armentia y Saioa Sánchez Iturregi, que fueron detenidos cuatro días después en Lozère.

En este contexto, la jueza Laurence Le Vert optó por imputar al supuesto jefe de los comandos por los actos preparatorios del atentado, como el alquiler de un piso franco descubierto en Toulouse o los robos de vehículos. Pero no le inculpó de los asesinatos de los agentes, ni siquiera en grado de complicidad, por carecer de elementos suficientes tendentes a demostrar que fue el autor de los disparos o que estaba presente cuando fueron efectuados.

No obstante, la magistrada le acusó de dirección de una asociación de malhechores con fines terroristas, una inculpación creada en 2004 y reservada a los jerarcas. Hasta la fecha, en ETA sólo estaban perseguidos por ese cargo, punible con 20 años de prisión, Mikel Albisu 'Antza' y Soledad Iparragirre 'Anboto', presuntos ex-jefes de los aparatos político y financiero, respectivamente, y Peio Eskisabel 'Xerpa', que supuestamente asumió la co-dirección del militar tras ser responsable del internacional. Xabier López Peña 'Thierry', supuesto jefe del aparato político de la banda terrorista, detenido hace seis meses en Burdeos, no fue imputado con ese cargo tras su arresto.

La misma infracción está contemplada en otro sumario abierto en paralelo por la Fiscalía y encomendado a Le Vert. En esta segunda causa fue imputada Leire López Zurutuza por asociación de malhechores con fines terroristas, delito penado con hasta diez años. El resto de los cargos es consecuencia del registro practicado en Cauterets: tenencia ilícita de armas y municiones, posesión y uso de falsos documentos administrativos, empleo de placas de matrícula falsas y receptación de robo en banda.

Aspiazu y López mantuvieron desde su arresto el mutismo habitual en los etarras detenidos en Francia y se limitaron a indicar que no tenían nada que declarar.