El Gobierno gasta cinco millones de euros en pulseras contra los maltratadores

El uso de pulseras electrónicas con dispositivos de localización y control de maltratadores con órdenes de alejamiento de sus víctimas se generalizará en 2009 en toda la geografía española. El Gobierno destinará cinco millones de euros a la compra y puesta en funcionamiento de estos aparatos, que en la actualidad sólo se utilizan en algunas comunidades, para mejorar la protección de las víctimas. Las mujeres sometidas a violencia machista serán también destinatarias de un nuevo plan específico de empleo.

El Consejo de Ministros se anticipó así a la celebración, el martes 25, del Día Internacional contra la Violencia de Género. Los acuerdos aprobados ayer suponen una nueva inyección de fondos y de estrategias para cercar a los maltratadores y mejorar la seguridad de sus víctimas. «Aun reconociendo los progresos realizados, persiste una dolorosa realidad, la de las mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas», admitió la vicepresidenta Fernández de la Vega.

Las pulseras con mecanismo de detección GPS para el control de maltratadores con órdenes de alejamiento funcionan ya en comunidades como Madrid, Cataluña o Baleares, aunque en número muy limitado. La aportación presupuestaria del Ejecutivo permitirá comprar más de estos dispositivos electrónicos y distribuirlos a las comunidades autónomas, que son las encargadas de facilitar su uso siempre que el juez lo considere necesario para proteger a una mujer maltratada, según el nivel de riesgo apreciado en cada caso.

La ley integral contra la Violencia de Género establece que para garantizar las órdenes de alejamiento «podrá acordarse la utilización de instrumentos con la tecnología adecuada para verificar de inmediato su cumplimiento».

Sin embargo, desde su aprobación en 2004, la realidad ha demostrado con cuánta facilidad puede un hombre violento quebrantar la orden de alejamiento judicial y acercarse a su víctima. En 2007, en casi el 20% de los 75 asesinatos de mujeres por sus parejas o ex parejas había órdenes de protección u órdenes de alejamiento en curso en el momento de la muerte.

Otras veces el alejamiento lo quebranta la propia víctima, que reanuda la convivencia con su agresor. El control telemático, en aquellos casos en los que se imponga al maltratador, facilitará el seguimiento de sus andanzas y se le supone carácter disuasorio. En caso contrario, servirá como prueba del quebrantamiento de la orden. En la actualidad hay vigentes unas 36.000 órdenes de alejamiento por violencia de género dictadas por los jueces.

Junto a los cinco millones de euros destinados a este capítulo, el Consejo de Ministros aprobó otra partida de más de once millones de euros para facilitar la reinserción laboral de víctimas, tanto si buscan trabajo asalariado a través de los programas de empleo como si pretenden montar su propio negocio. También habrá una formación profesional personalizada para cualificar a las mujeres. El Gobierno estima el número de potenciales beneficiarias en 8.324.