El juez rechaza otro recurso de García Gallardo para apartar a su familia del 'caso Quality'

El abogado de los familiares, Marcos García Montes, gestionó los trámites de este procedimiento al entender que el proceso lleva abierto más de tres años y ya se dispone de una sentencia firme que obliga a Zona Franca a pagar 15 millones de euros, con lo que «todos los temas colaterales se pueden archivar», según explicaron fuentes cercanas al empresario.

Los padres y una hermana del antiguo presidente de Quality están imputados por presuntas irregularidades en la venta de la firma alimentaria. El juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz ya rechazó anteriormente el sobreseimiento de los cargos al aparecer los nombres de estas tres personas en operaciones bancarias relacionadas con el caso.

La sentencia del Supremo que daba la razón el pasado 5 de julio al empresario venía a arrojar luz sobre el proceso tras condenar a la Zona Franca a indemnizar a García Gallardo con 15 millones de euros, que podría ser alguno más al sumar los intereses de los últimos años.

El proceso

El enfrentamiento comenzó en diciembre de 2003 cuando el Consorcio decidió ir en solitario a una ampliación de capital del grupo, haciéndose con el 51% de la empresa y con el control mayoritario de la misma. Tras la operación se realizaron sendas valoraciones económicas para las que el recinto fiscal seleccionó a dos consultoras, sin contar con la opinión de los anteriores propietarios.

El primer análisis arrojó una valoración de 7,8 millones de euros y el segundo de 1,2, aproximadamente, con lo que la media se fijó en 3,3. Como la Zona Franca ya había desembolsado más de cuatro por el 26% de las acciones, interpuso una demanda contra la familia García Gallardo a los que reclamaba el control total de la empresa.

Finalmente tras una batalla de pleitos, el Juzgado de lo Mercantil encargó una tercera valoración a la consultora KPMG, que determinó que la empresa alimentaria valía 20 millones, a los que se restaron los casi cinco que el Consorcio ya había pagado. Éste fallo, ahora ratificado por el Supremo vuelve a dar la razón a García Gallardo. No obstante, la directiva de la Zona Franca ha interpuesto un recurso de súplica contra el auto del Supremo, aún pendiente de su resolución.

Éste último proceso judicial, que forma parte de los flecos del caso aún atascados en la Audiencia provincial, pertenecen a la vía penal. De hecho, el Consorcio se querelló contra Gallardo por varios delitos, entre ellos de estafa y apropiación indebida en los que aparecían como imputados los familiares directos del empresario.