Mandato de rigor

Las previsiones de la OCDE para la economía española, que sitúan en un 0,9% el decrecimiento para 2009, y los datos del INE explicando la contracción del 0,2% experimentada en el tercer trimestre confirman la rápida aproximación de nuestro país a una fase de recesión. Además, ambos análisis vienen a indicar el serio calado de la crisis en España y a avalar la hipótesis de su probable continuidad en el tiempo. El fuerte retraimiento del consumo de los hogares durante el pasado verano obedece a la precaución ciudadana ante los pronósticos macroeconómicos y a las primeras señales negativas percibidas en el ámbito de la economía real. Pero el hecho de que ese retraimiento se haya manifestado sobre todo en la compra de bienes de consumo duradero permite suponer que en él han pesado las restricciones crediticias derivadas de la crisis financiera. Es posible que el abaratamiento del dinero y de los combustibles contribuya a paliar el declive del consumo, pero parece improbable que lo haga de manera significativa mientras el número de desempleados crece semana a semana. Sólo la activación del crédito podría contener de manera más apreciable la tendencia descrita.

En cualquier caso, la incógnita sobre la duración del ciclo o, si se quiere, la sospecha de que la recesión y el estancamiento pueden mantenerse cuando menos a lo largo de todo 2009 disuade tanto al consumidor como a las empresas a la hora de asumir riesgos financieros. Ha de ser también el factor determinante para que las administraciones eviten agotar en breve plazo recursos que puedan requerirse más adelante; especialmente teniendo en cuenta que, tal y como señala la OCDE, la reducción de los ingresos públicos continuará más allá de la fase de ralentización. Por otra parte, si de lo que se trata es de insuflar confianza en los mercados y en las familias, es preciso que el Gobierno dé cuenta rigurosa y pública de la eficacia real de las medidas que ha ido adoptando, como la deducción de los 400 euros, la financiación de la vivienda protegida, la moratoria en el pago de sus hipotecas concedida a los desempleados y, por supuesto, la compra de activos de calidad de los bancos. Porque su proclividad a conceder a los datos económicos la lectura más optimista posible, unida a su negativa a revisar los presupuestos para el próximo ejercicio, menoscaba el crédito que necesita el Ejecutivo y la seguridad que anhela la ciudadanía. Junto a sus previsiones, la OCDE dio a conocer ayer sus recomendaciones para España centradas en la necesidad de introducir cambios estructurales, entre los que destacan las reformas en el mercado de trabajo. Con ser ésta una línea de actuación imprescindible para el tránsito a un nuevo modelo de crecimiento, la propuesta de flexibilización en cuanto a la extinción de los contratos fijos podrá hallar un momento más idóneo al inicio de la recuperación económica que en puertas de la recesión, cuando lo que se anuncia es precisamente una paulatina pérdida de empleos.