Garzón divide a los jueces que deberán enfrentarse a las fosas de la Guerra Civil

Tan devastadora como una bomba de racimo. Así ha caído en la judicatura española la decisión del magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de dejar el problema de las fosas de la Guerra Civil en manos de los jueces locales: ha judicializado un problema, el de los crímenes del franquismo, que hasta ahora la administración de Justicia había sorteado con soltura; y, además, lo ha desparramado por el territorio, protestan destacados representantes de la judicatura.

Presidentes de tribunales superiores y jueces decanos, reunidos en Valencia por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en unas jornadas sobre comunicación publica, recibieron la noticia con indisimulada preocupación: la respuesta al problema de los osarios va a ser dispar, lo que «va a generar una problemática» cuyos principales damnificados serán las familias de los desaparecidos.

En la Audiencia Nacional, el símil elegido fue el de bomba de espoleta retardada. El juez Garzón no archiva la causa, la cierra en lo que respecta a los franquistas muertos, pero la deja viva y en manos de los juzgados locales.

Presidentes de tribunales superiores como los de la Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón, Cantabria o Castilla y León apostaron ayer a que muchos jueces rehusarán hacerse cargo de un sumario que investiga un genocidio atribuido al general Francisco Franco y sus adláteres. Para ello, plantearán un incidente negativo de competencia que deberá resolver el Tribunal Supremo.

Hay jueces más partidarios de colaborar con el afán de las víctimas y proclives a asumir el caso, pero entonces se les presentará la «dificultad manifiesta» de mantener abierta la investigación para dar respuesta judicial a la exhumación de restos de represaliados del franquismo, pero víctimas de unos hechos delictivos cuyos presuntos autores están «notoriamente muertos».

Dispersión de respuestas

El juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, está convencido de que la decisión de Garzón va a provocar una dispersión de actuaciones en los diferentes territorios: algunos juzgados procederán a archivar la causa, otros entenderán que existe material incriminatorio y seguirán adelante con ella, y otros más sopesarán la posibilidad de mantener el proceso abierto «forzando la vía administrativa y aplicando el principio de mínima intervención del proceso penal» para poder realizar las exhumaciones, que no otra es la «gran pretensión» del proceso.

Pero esta última posibilidad, la que parece más adecuada para dar una respuesta cabal a las familias de las víctimas, es la más remota.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Fernando Zubiri, señaló que, antes de entrar en el asunto de las exhumaciones, lo primero que tiene que valorar el juez es «si los hechos que se denuncian son delictivos y si la persona a la que se imputa se le puede exigir una responsabilidad», así que lo razonable es que archive la causa. Su colega de Cataluña, María Eugenia Alegret, remachó en la misma idea: «Si los autores están muertos para Madrid, también lo estarán para Barcelona, Tarragona o Lérida».

El más crítico con la situación fue el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, que defendió que el asunto debería ventilarse «en el ámbito político o administrativo», no en el campo judicial.

El magistrado Concepción aventuró además que la decisión de Garzón provocará la revisión del caso en cada uno de los órganos territoriales en favor de los que se ha inhibido, un sinfín de peticiones, recursos y quejas, con la carga de trabajo que ello conlleva.

El presidente del Supremo y del CGPJ, Carlos Dívar, afirmó que sería «poco prudente» para él opinar sobre el dilema porque parece inevitable que, al final, sea el Supremo el que termine por buscar una respuesta única al problema de las fosas comunes.

Una respuesta además que, por ser la misma para resolver casos distintos, no dejará satisfecho a nadie, apostilló un compañero de tribunal.

Largo camino

Hasta llegar al Supremo, a la causa contra el franquismo le queda un largo recorrido. Garzón ha declarado extinguida por fallecimiento la responsabilidad penal de los miembros de las primeras cúpulas franquistas y se ha inhibido a favor de cuanto juzgado ordinario esté cerca de una fosa común, pero lo ha hecho cuando su competencia para hacerlo ha sido denunciada ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de manera expeditiva por la Fiscalía, lo que se traduce en un galimatías procesal para el que la legislación no tiene una respuesta unívoca.

La solución llegará el 27 de noviembre, fecha prevista por la sala para dar una respuesta al recurso del fiscal jefe Javier Zaragoza. En juego, si cabe o no abrir una causa penal al franquismo; si se puede, cuál es el órgano competente para hacerlo, y, en cualquier caso, qué hacer con las demandas de familiares que reclaman identificar y recuperar los restos mortales de sus antepasados.

El presidente de la sala, Javier Gómez Bermúdez, ha decidido hacer uso de una prerrogativa de su cargo y ha arrebatado la ponencia del caso -es decir, la facultad de ser el primero en proponer una resolución a sus compañeros y luego asumir la redacción de la misma- a la magistrada Clara Bayarri, a la que por turno correspondía. Si el debate que concluyó con la paralización de la exhumación de osarios fue tenso, el que suscite la oportunidad de investigar o no el franquismo puede alcanzar temperaturas peligrosas.