Un informe de la Junta avalará ante los bancos a los adjudicatarios de VPO

Un ciudadano que solicite un crédito para adquirir una vivienda protegida en Andalucía sabrá de antemano los criterios mínimos que debe cumplir antes de ir al banco que, sin embargo, no podrá negarle el crédito si el solicitante cuenta con un aval de la Consejería de Vivienda. Esta es la primera ocasión en España en la que se alcanza un compromiso de este tipo entre la Administración autonómica y las entidades financieras.

Este es uno de los aspectos más novedosos del convenio que firmó ayer Manuel Chaves con los representantes de 33 bancas y cajas de ahorro el convenio que garantiza la financiación de las actuaciones de vivienda protegida, rehabilitación y suelo que recoge el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012.

Con este documento, las entidades ratifican los compromisos de financiación que adquirieron en la firma del Pacto por la Vivienda el pasado mes de diciembre, y que ascienden a 9.550 millones de euros. Esta cuantía se destinará en un 93 a actuaciones de vivienda protegida y el resto se repartirá entre rehabilitación y actuaciones de suelo.

El presidente de la Junta considera que el convenio da una respuesta social a una gran parte de la población con dificultades para acceder al derecho a una vivienda, además de ser un impulso económico a la construcción, un sector estratégico para Andalucía por el volumen económico y de empleo que genera.

Criterios

Según el convenio, los bancos y las cajas establecerán como criterios esenciales para otorgar los préstamos la ausencia de informes negativos relativos a la existencia de impagos anteriores; la acreditación de la permanencia de la renta declarada de hasta tres años; una relación entre los ingresos declarados y las cuotas de todas las deudas financieras que no supere el 40%, y un importe líquido de los ingresos que, tras el pago de la cuota mensual, no quede por debajo del Salario Mínimo Profesional. No obstante, estas condiciones podrán ser sustituidas por la presentación de avales u otras garantías financieras.

Con estos requisitos, la adjudicación de los créditos de vivienda protegida quedan sujetos a un mayor grado de transparencia, dado que los ciudadanos conocerán, con carácter previo a la solicitud de los préstamos, si encajan en el perfil que los bancos y cajas de ahorro estiman como suficiente para la concesión de una hipoteca. «El acuerdo supone dotar de certidumbre al mercado de la construcción y a los ciudadanos», acotó Chaves.

Al mismo tiempo, la fijación de unos criterios objetivos otorgará una mayor agilidad en el proceso de concesión de los créditos, por lo que en el convenio se recoge, igualmente, que las entidades deberán pronunciarse en sentido positivo o negativo en un plazo máximo de dos meses.

Como garantía adicional, los préstamos estarán avalados por un informe de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, con carácter previo al otorgamiento del préstamo, que garantizará las condiciones que se establecen en el convenio. El plazo de este informe de autorización del crédito será de 15 días, aunque, en caso de agotarse, se entenderá que se acepta.

A 25 años

El importe de las hipotecas que se concedan será, como máximo, del 80% del valor total de la vivienda, con un plazo de amortización de 25 años que podrá incrementarse si así lo acuerdan la entidad y el adquirente. Además, y al tratarse de una financiación de actuaciones protegidas, no se podrá aplicar ninguna comisión en los préstamos, lo que afecta tanto a las habituales (apertura, cancelación, amortización,...) como a todos los supuestos de créditos habituales (hipotecas, préstamos a promotores o créditos personales para financiación de rehabilitación).