Garzón desiste en su persecución penal de los crímenes del franquismo

El juez Garzón ha decidido desistir en su intento de someter el franquismo a una revisión judicial. En una prolija resolución notificada ayer archiva la causa penal y deja en manos de los jueces locales el futuro de las fosas comunes. Son ya 61 y su apertura fue autorizada por el instructor y paralizada la pasada semana por el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que tiene la última palabra.

El magistrado se aferra a un tecnicismo legal: un mes después de asumir la competencia para investigar el alzamiento nacional y la posterior dictadura franquista, el juzgado tiene constancia oficial del fallecimiento del general Francisco Franco y los integrantes de sus primeras juntas militares. Asimismo, el Ministerio del Interior le informó días atrás de la composición de todas las cúpulas directivas que tuvo la Falange entre 1937 y 1951 y certificó que ninguno de aquellos falangistas sigue vivo.

Con esa base, el magistrado declara extinguida por fallecimiento la responsabilidad penal de los sospechosos. Sin sumario que soporte la autorización para exhumar los restos enterrados en 61 fosas, el juez se inhibe y deja la decisión última en manos de los correspondientes jueces ordinarios locales, a los que remitirá copia literal de la causa. Pero la última palabra queda en manos del pleno de la Sala de lo Penal, que debe revisar esta decisión y confirmarla o adoptar un criterio nuevo.

Garzón, en la misma resolución, pone en conocimiento del Ministerio de Justicia la creación de un grupo de expertos, de una unidad policial y de un equipo de peritos encargados de localizar los restos de los más de 114.000 desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo e identificarlos, a fin de que su trabajo no se solape con otras iniciativas emanadas de la Ley de Memoria Histórica y permita establecer un adecuado protocolo de exhumaciones y custodia de los restos recuperados.

Evitar el varapalo

La muerte de Franco como base de un archivo no deja de ser una añagaza. La iniciativa de Baltasar Garzón parece ser un quiebro para evitar el duro varapalo que le preparaba el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la mayoría de cuyos integrantes no le creen competente para investigar el franquismo.

La inhibición no frena, pero sí deja sin consecuencia práctica el recurso del fiscal jefe Javier Zaragoza, que defendió que el juez no es competente para abrir una investigación penal contra el franquismo en un extenso y desabrido escrito.

En esa tesitura, Garzón desiste, pero lo hace en una resolución de 152 folios, de los que dedica 140 a recoger argumentos que le dan la razón: es competente para investigar el franquismo, que se fraguó en una estrategia delictiva consistente en la detención ilegal sin dar razón del paradero de la víctima (equivalente a desaparición forzada) de miles de personas, delito cometido en el contexto de crímenes contra la humanidad, en conexión con un delito contra altos organismos de la nación y la forma de gobierno, que era la II República.

Sus argumentos son la mayoría conocidos. Lo más novedoso es que alerta de que puede haber víctimas del franquismo vivas, niños o jóvenes robados a sus padres.

«Miles de personas desde entonces vivieron y, en su caso, viven, sin conocimiento de cual es o fue su identidad real», escribe el juez, que concluye que el Poder Judicial está obligado a investigar esas identidades robadas porque «olvidar esta realidad por más tiempo y poner trabas a la investigación sería tanto como contribuir a la perpetuación de los efectos del delito y ello, además de injusto, sería cruel para las víctimas y contrario a los más elementales derechos humanos de toda la sociedad española y de la comunidad internacional».