El veredicto para el acusado de matar a una deficiente dependerá de su grado de minusvalía

El fiscal y las defensas de los dos procesados por la muerte de una deficiente de 34 años, que falleció tras consumir droga, discreparon ayer, durante la última sesión del juicio, sobre el grado de minusvalía de la víctima. Esa diferencias de criterios llegó hasta tal punto que la letrada que representa a la familia de la fallecida pidió al juez que sus colegas no incurrieran en injurias contra sus clientes. No fue la única, el fiscal le solicitó al presidente del tribunal que las defensas no le culparan de haber obstaculizado ningún interrogatorio. Y es que la clave del caso está en que los jueces que deben decidir el futuro más próximo de los acusados Rafael Arévalo y Carmen Partida consideren que la víctima era o no responsable de sus actos.

En función de esa decisión, el fallo judicial se puede decantar a favor de los procesados, cuyas abogadas insistieron ayer en sostener que la víctima accedió por propia voluntad a tener relaciones sexuales liberales (tríos) y a consumir drogas con Rafael Arévalo sin que nadie la obligara. En cambio, la sentencia puede ser diametralmente opuesta si el tribunal acepta la tesis de las acusaciones, quienes alegan que los dos procesados aprovecharon la deficiencia mental de la fallecida para que ésta accediera a sus deseos. Y con un precedente, ocurrido sólo seis meses antes de su muerte. Otra conocida del imputado murió en las mismas circunstancias.

El Ministerio Público esgrimió ayer las declaraciones del padre y el hermano de la fallecida -ambos médicos de profesión- que relataron episodios de la vida cotidiana de la víctima, a la que definieron como una persona de «voluntad débil», «irresponsable» y que «no anticipaba el peligro» debido a su deficiencia mental. El fiscal no modificó su petición de 29 años para Rafael Arévalo y de cuatro años y dos meses para quien fuera su pareja, Carmen Partida, aunque sí incluyó una matización: si el tribunal entendía que el grado de minusvalía de la víctima no le impedía tener conocimiento pleno de los hechos, sí que debía considerar que hubo un abuso de superioridad.

Por el contrario, las defensas cargaron sus tintas contra los testimonios de la familia, a la que calificaron de «especial», y le reprocharon que definieran a la víctima como «subnormal e inútil». Las letradas defienden una tesis diferente, que concluye en una petición de libre absolución: la fallecida quería tener una vida propia, que sus padres no le dejaban por exceso de protección. Se apoyaron en varios testigos que no intuyeron ninguna deficiencia en la fallecida. Unos testimonios que fueron calificados de falsos por el fiscal. También se agarraron al dictamen de dos profesionales que explicaron que la víctima sufría un leve retraso. Un dictamen médico distinto que el aportado por otro profesional que declaró a petición de las acusaciones, y que avaló la incapacidad.

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