El Parlamento reformará por primera vez en época de crisis las pensiones públicas

El Parlamento inicia mañana, por primera vez en época de crisis, una nueva reforma de las pensiones públicas. El proceso arranca con la comparecencia en la Comisión del Pacto de Toledo del secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, que entregará a los diputados un diagnóstico de la situación con las previsiones de futuro.

Todo apunta a que las medidas que se adopten estarán encaminadas a reducir ligeramente el importe de las prestaciones a medio y largo plazo. Esta medida no impedirá que los importes mínimos suban cada año por encima del crecimiento de los precios.

Entre los cambios más barajados, defendidos tanto por el Partido Popular como por el PSOE, figuran la ampliación de los 15 años de vida laboral contabilizados para establecer el cálculo de la jubilación y la reestructuración de la viudedad, puesto que se trata de una pensión de supervivencia pensada para otros tiempos en los que la mujer no trabajaba. No obstante, el Gobierno insiste en que cualquier variación respetará siempre los derechos adquiridos por los titulares de las prestaciones.

El Pacto de Toledo es un acuerdo parlamentario suscrito en 1995 en la ciudad que le da nombre. Su objetivo es velar por el sistema público de pensiones y dejar de lado los intereses partidistas. Los diputados aceptaron renovar cada cinco años los compromisos adquiridos. Sin embargo, la primera revisión tuvo que esperar hasta 2003. Ahora consideran que ha llegado el momento de un nuevo repaso.

El texto de 2003 fue fruto de tres años de conversaciones, cientos de comparecencias y más de 30 sesiones de la comisión parlamentaria. Su contenido recogió consejos muy variados. Unos se han cumplido y otros todavía están pendientes.

Las recomendaciones abarcaban desde el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y de la edad de 65 años para acceder a la jubilación ordinaria hasta la reducción del periodo para que los complementos de mínimos (dinero que se necesita para que un trabajador que ha cotizado 15 años pueda recibir la pensión más baja) sean financiados con los presupuestos del Estado.

La revisión apostaba, asimismo, por que las bonificaciones a la contratación se pagaran a través de la fiscalidad general y por la adopción de medidas para frenar la expulsión del mercado laboral de los trabajadores mayores de 50 años. Se inclinaba también por estudiar el impacto de la inmigración y por el análisis de las carreras profesionales irregulares, generadas por el empleo temporal y los contratos a tiempo parcial, con amplios periodos de paro. Una de las sugerencias más esperadas, costosas y de difícil aplicación, pero que sí recibió luz verde, fue la creación de la «dependencia». La atención a las personas que no pueden valerse por sí mismas quedó recogida en una ley que entró en vigor en diciembre de 2006.

Polémica

La recomendación más polémica, que vuelve en esta ocasión a estar encima de la mesa, fue precisamente la relativa a la ampliación de los años laborales contabilizados para el cálculo de la cuantía de la pensión. El nuevo pacto se reafirmaba en la idea de que era preciso reforzar el principio de 'contributividad', basado en acercar lo más posible la retribución de la jubilación a la aportación realizada durante los años de trabajo, iniciativa considerada elemento esencial para la preservación del equilibrio financiero del sistema público de pensiones.

No obstante, tanto el Gobierno de Rodríguez Zapatero como el principal partido de la oposición descartan calcular la pensión sobre toda la vida laboral. Ambos coinciden en la conveniencia de ampliar los 15 años para calcular la cuantía de la jubilación, pero, de momento eluden hablar de extensiones concretas.