Zapatero relega la ampliación de derechos sociales a causa de la crisis La vicepresidenta aplaza la anunciada reforma de la ley de libertad religiosa

La crisis económica ha dejado en suspenso el programa de extensión de derechos sociales con el que José Luis Rodríguez Zapatero ganó las elecciones generales de marzo. Siete meses después de su victoria electoral, el Gobierno ha aprobado una docena de proyectos de ley. Casi todos salieron del Ministerio de Economía. La ofensiva que el PSOE lanzó en el Congreso de julio, con la reforma de la ley del aborto y la regulación del derecho a una muerte digna como banderas, están aparcadas o, en el mejor de los casos, según lo definen en la dirección socialista, «se están dejando cocer a fuego lento». El jefe del Ejecutivo ya no las considera prioritarias.

Rodríguez Zapatero se ha lanzado hasta tal punto a escenificar que es él quien maneja el timón de la nave gubernamental en las procelosas aguas de la coyuntura económica que en las últimas semanas apenas ha tenido cabeza para nada más que para los encuentros internacionales -Bruselas primero y Washington después-, la batería de medidas de ayuda al sistema financiero y los desempleados. La agenda política ha quedado aplastada bajo el peso de esta ofensiva.

Los socialistas se lamentan de que ahora «no se puede vender una escoba» que no esté relacionada con economía y renuncian a quemar un material del que más adelante, dicen, se podrá obtener buen rédito electoral. El análisis ha llevado al Gobierno a relegar asuntos que hace apenas unos meses consideraba vitales; el más paradigmático es la coordinación en la lucha contra el maltrato a las mujeres. Rodríguez Zapatero prometió durante la campaña electoral, a rebufo de una oleada de asesinatos que conmocionó al país, convocar una Conferencia de Presidentes para tratar esta cuestión con las comunidades autónomas. Dijo que lo haría con urgencia, en la semana siguiente a su proclamación. Pero una vez en La Moncloa, lo urgente se convirtió en meramente importante, en algo que podía esperar al otoño. Según distintas fuentes, el encuentro no se celebrará a pesar de que la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, batalla para lograrlo. «No tiene sentido que, con la que está cayendo, nos pongamos a hablar de violencia machista», aducen.

Comunidades autónomas

El Ejecutivo se escuda en que tampoco las comunidades autónomas lo consentirían. No quiere arriesgarse a convocar a los líderes regionales con el sistema de financiación autonómica abierto en canal, sobre todo cuando las posibilidades de acuerdo se han visto drásticamente reducidas. La alternativa es cambiar el contenido de la reunión pero esta fórmula está prácticamente descartada.

También se ha desinflado el globo creado en el 37 Congreso del PSOE con la reforma de la ley del aborto, con la que los socialistas intentaron en julio desviar la atención de una crisis que Rodríguez Zapatero no reconocía, convencidos de que lograrían empujar al aparentemente renovado y moderado PP hacia la derecha.

La discusión ha llegado al Congreso, pero funciona al ralentí; no sólo porque los socialistas hayan llegado a la conclusión de que nada debe eclipsar su gestión de la crisis sino porque son conscientes de que la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo es una granada que les puede estallar en las manos. «Hay muchos asuntos en los que los cristianos de base discrepan de la jerarquía eclesiástica; pues éste -advierte un dirigente del grupo parlamentario- no es uno de ellos». No todos los socialistas lamentan el aplazamiento de los asuntos sociales. Las reservas morales que suscita la reforma legal de la interrupción del embarazo no son exclusivas de la bancada popular, los democristianos de Unió o el PNV. Son muchos los socialistas que preferirían no tener que pronunciarse al respecto. María Teresa Fernández de la Vega, que también ha aparcado la anunciada reforma de la ley de libertad religiosa, es partidaria de andar el camino con pies de plomo y el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, admite que el proyecto plantea dudas de constitucionalidad.

En la despensa del Ejecutivo permanecen otras dos resoluciones del Congreso socialista que Rodríguez Zapatero prometió convertir en ley en breve. El ministro de Sanidad, Bernat Soria, hizo un intento de sacar al ruedo lo que él llamó «suicidio asistido», una definición que no gustó ni entre sus propios colegas, pero desde Presidencia pronto se apresuraron a apagar ese fuego. Aún así, fuentes gubernamentales aseguran que el asunto sólo está aletargado.

El Ministerio de Justicia estudia su regulación. El debate está, según explican las citadas fuentes, en cuál debe ser el papel del Estado, es decir, si debe asistir de manera activa a quien lo solicite o permanecer neutro, que sería la opción con más adeptos.

La subcomisión para la reforma electoral creada en el Congreso aborda, por su parte, la promesa de conceder el voto a los inmigrantes en los comicios municipales. Este grupo de trabajo, que tiene sobre la mesa otras muchas cuestiones (como el voto en urna de los residentes ausentes), trabaja aún así a ritmo deliberadamente lento, entre otras cosas, porque aún está pendiente del informe solicitado por el Gobierno al Consejo de Estado.