Un narco de Sanlúcar acepta cuatro años por transportar 1.900 kilos de hachís

Las penas que reserva el Código Penal para castigar el tráfico de hachís -una sustancia que no causa un grave daño a la salud, según la legislación española- es una de las dificultades que tiene la lucha contra el tráfico de esta droga en la provincia de Cádiz. Así lo ha manifestado en reiteradas ocasiones la fiscal antidroga, Ana Villagómez, quien reconoce que las condenas por este motivo no son disuasorias para aquellos que se lanzan a ese negocio ilícito, sobre todo entre los más jóvenes. Un buen ejemplo es una de las últimas sentencias dictadas por la Audiencia Provincial, que ha sentenciado a cuatro años y siete meses a un chico de 28 años que fue detenido con 1.900 kilos de hachís en su poder.

Daniel García de Asís fue arrestado el 16 de diciembre del año pasado cuando transportaba el citado cargamento por la desembocadura del río Guadalquivir. El joven sanluqueño había comprado tan sólo un mes antes la embarcación que utilizaría posteriormente para introducir las casi dos toneladas de droga por el río. En concreto, adquirió un pequeño barco de once metros de eslora y equipado con dos potentes motores de 200 CV.

El condenado, cuando se vio sorprendido por la Guardia Civil, comenzó a arrojar fardos al agua. Los traficantes saben que la pena que le pueden imponer va en función de la cantidad que le requisen en el momento de la detención, de ahí que recurran a esta maniobra habitualmente. Esto dio lugar en su día a figuras peculiares de la provincia como los llamados busquimanos: personas que rastrean los fardos que están en el mar o escondidos en la playa para hacerse con ellos.

Sin embargo, en esta ocasión los agentes pudieron recuperar los 20 bultos que el traficante había logrado tirar al Guadalquivir. Además de estos, la Guardia Civil contabilizó otros 41 fardos más que los había repartido dentro de la embarcación entre la proa, la bañera de popa, el interior de la embarcación e incluso hallaron hachís en un habitáculo que había detrás de los motores.

Si ese cargamento se hubiera vendido en el mercado sin dividirlos en partidas más pequeñas habría tenido un precio aproximado de poco más de dos millones y medio de euros.

La sentencia fijada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial estuvo precedida de un acuerdo entre Fiscalía y el abogado de la defensa. En el escrito de acusación inicial del Ministerio Público, éste pedía seis años de prisión y una multa de cuatro millones de euros. Sin embargo, para alcanzar un fallo judicial por conformidad, el fiscal rebajó hasta los cuatro años y siete meses su solicitud de condena. De esta manera el procesado aceptó su autoría en los hechos y su defensa anunció que no recurriría el fallo.

Además de la pena de cárcel, al procesado le impusieron tres millones de euros de multa, aunque se fijó la alternativa de 15 días de arrestos por impago, ya que no quedó acreditada la solvencia del acusado; una situación que suele repetirse en estos procedimientos.

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