Suiza: democratizar la democracia JAVIER MADRAZO

Cada semana se promueve una iniciativa popular o un referéndum en un cantón o en un municipio. Nueve de cada diez habitantes no permitirían, bajo ninguna circunstancia, que se les privase de la democracia directa, regulada por ley para poder participar en la toma de decisiones que afectan al diseño, la ejecución y el control de la vida pública. Suiza cuenta con una amplia tradición de participación ciudadana que le convierte en un referente mundial. En 1874 se reconoció el referéndum y en 1891 se dio luz verde a la iniciativa popular. La democracia directa garantiza un diálogo permanente entre el gobierno, sea federal, cantonal o local, y la población.

La ciudadanía se convierte así en una oposición comprometida, activa y concienciada, y la política está obligada a canalizar sus aspiraciones y demandas aceptando sus directrices como legítimas, garantizando así su desarrollo y aplicación. Existen cuatro procedimientos principales que impulsan la democracia directa en Suiza. En primer lugar, el referéndum obligatorio para cualquier modificación o enmienda en la Constitución; en segundo, el facultativo u opcional, que tiene como objetivo someter a consulta vinculante las leyes o reformas aprobadas por el Parlamento, en caso de que 50.000 votantes apoyen dicha petición. En tercer lugar destaca la iniciativa ciudadana, en virtud de la cual las ciudadanas y ciudadanos pueden plantear propuestas legislativas que se deben votar en referéndum si obtienen el respaldo de 100.000 personas. Estos porcentajes se corresponden con el ámbito federal y se reducen lógicamente en función de la población en cantones y municipios, pero se pretende que no supere el 5% por ciento del censo electoral. Y en cuarto y último aparece el referéndum de finanzas, que establece que los gastos no recurrentes deban ser ratificados con anterioridad en una votación popular. Esta modalidad está recogida en la normativa de 25 de los 26 cantones, y en el de mayor superficie de todos ellos, en Grisones, por ejemplo, cualquier nueva inversión que supere los 6,6 millones de euros tiene que ser sometida a la consideración ciudadana.

La democracia directa se convierte, de este modo, en un instrumento para superar las deficiencias de la democracia representativa, promover la participación ciudadana, contribuir a la cohesión social, fortalecer el compromiso cívico, favorecer la inclusión de los sectores más desprotegidos en la actividad pública y garantizar la coexistencia pacífica entre sensibilidades e ideologías distintas. La democracia directa así entendida no debe ser considerada un tabú; al contrario, es un factor que ayuda a crear una sociedad civil viva y activa que impulsa la formación, consolidación y preservación de comunidades y pueblos pluriculturales y plurilingüísticos desde la inclusión plena de todas las personas sin excepción en la toma de decisiones.

En 1862, Florian Gengel, editor del diario de Berna 'Der Dund', escribió: «La gente ya no está dispuesta a ser gobernada desde arriba, reivindica un papel en la elaboración de las leyes y en el ejercicio del poder». Desde entonces, una declaración como ésta sólo ha sido y es todavía poco más que papel mojado en muchos países, incluido el Estado español. Sin embargo, encierra una gran verdad. En Euskadi, ciudadanas y ciudadanos se han agrupado y lo continúan haciendo para que se les escuche, se les tome en consideración en cuestiones como la central térmica de Boroa o la futura de Lantarón, el trazado del Tren de Alta Velocidad, las incineradoras, las grandes infraestructuras y más recientemente la planta de coque en Muskiz. Hay una demanda de participación ciudadana imparable que provoca vértigo a las instituciones y a las formaciones políticas, pero el tiempo nos obligará a actuar en este sentido.

La democracia directa no es un elemento distorsionador de la política, sino una alternativa efectiva y eficaz para ayudarnos, mantenerla abierta y cerrar la brecha cada vez más amplia entre quienes gobiernan y quienes son gobernadas y gobernados.No se pueden importar miméticamente modelos como el suizo a la realidad vasca, pero sí es un ejemplo que pone de manifiesto que la democracia directa es práctica habitual en nuestro entorno más cercano y funciona con plena normalidad, tiene vigencia y un futuro abierto.

Es necesario que en Euskadi todas las formaciones políticas llevemos a cabo una reflexión profunda sobre las virtualidades de la participación ciudadana y su implementación en nuestra comunidad. Euskadi no puede perder este tren porque supondría incluso nuestro aislamiento en el contexto europeo, en el que esta modalidad se está imponiendo frente a una democracia representativa en crisis porque no logra conectar a los gobiernos respectivos con su población.En Suiza no se promueven políticas contra la voluntad del pueblo, sólo hacen política con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Nadie podrá decir que democratizar la democracia significa equivocarse de país, de siglo y de continente, y menos aún que se trata de un desvarío. La participación ciudadana es el futuro y terminará por prevalecer sobre el gobierno de los partidos, por y para los partidos, y la democracia del dinero, por y para el dinero.