Administrar recursos

La noticia de que la Europa del euro ha entrado ya en la primera recesión de su historia vino ayer a confirmar el imparable declive de las economías más importantes de la Unión, con Alemania, Italia e Irlanda con dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo y España en puertas de lo mismo. Sólo la probable contención a la baja de la inflación, junto a la posible reducción del precio del dinero por parte del BCE, asoma como un dato positivo que en absoluto podrá compensar el quebranto que la recesión va a suponer para empresas y trabajadores. La economía española refleja un panorama de sensible retraimiento del consumo y de la inversión, factores que la mejoría de las exportaciones no logra contrarrestar, obligando al pronóstico de un decrecimiento imparable cuya duración e intensidad constituyen las grandes incógnitas ante las que se debaten las instituciones públicas. Una situación en la que se encuentra el conjunto de las sociedades avanzadas. Las medidas habilitadas para asegurar la estabilidad del sistema financiero y las decisiones adoptadas para el rescate de determinadas entidades crediticias europeas han podido evitar la caída libre a la que parecía abocado el sector. Pero sus efectos reales para el mantenimiento de la actividad productiva y de servicios están aún por ver.

También por eso los países europeos sujetos al compromiso de estabilidad en las cuentas públicas se enfrentan al dilema de qué hacer con el déficit y de cómo establecer una agenda anticíclica que les permita operar a tiempo, empeñando el esfuerzo financiero estrictamente necesario en la activación de la economía real. En este aspecto, la presumible acumulación de demandas de intervención y ayuda pública a medida que se haga palpable la recesión se enfrentará sin duda a la obligada cautela con que deberán conducirse las autoridades políticas ante una crisis que se vaticina duradera. Sería deplorable que la imperiosidad propia del interés político por contentar a corto plazo las exigencias ciudadanas desde el Gobierno, o por alentarlas desde la oposición, acabase poniendo en peligro la administración racional de los recursos disponibles y de la potestad normativa incrementando el déficit o consumiendo hoy energías que se precisen más adelante.