La Junta llevará a juicio a los 34 imputados que señaló el juez instructor del 'caso Karlos'

Después de conocerse el escrito de calificación del fiscal en el caso Karlos, en el que destacaba los diez años de prisión que solicita el Ministerio Público para los dos principales acusados, el inspector médico Francisco Casto Pérez Lara, y el ex jefe de la Policía Local, Carlos Carretero, faltaba conocer el planteamiento genérico que van a desarrollar en la futura vista oral las acusaciones particulares que están personadas en la causa: el INSS (Seguridad Social) y el SAS (Servicio Andaluz de Salud). Ambos organismos fueron víctimas de la supuesta trama de falsificación de certificados médicos para la obtención de pensiones de invalidez. El pasado jueves se daba a conocer a las partes implicadas en el procedimiento cuáles son las acusaciones que formulan y, de nuevo, la causa volvía a dar un nuevo giro.

Este periódico ha tenido acceso al escrito de calificación elaborado por el letrado de la Junta de Andalucía, quien discrepa en un punto esencial con respecto al Ministerio Público. El SAS no solicita el sobreseimiento provisional para ninguna de las 34 personas que salieron imputadas por el juez instructor cuando dio por concluida la investigación judicial. Eso significa que las nueve personas para las que el fiscal planteaba un archivo de las actuaciones por falta de pruebas que acreditaran su participación en la trama delictiva o un beneficio personal, no se librarán del juicio. Eso hubiera ocurrido si las dos acusaciones, particulares y pública, hubieran acordado su exculpación.

Entre esas nueve personas que han tenido un pie y medio fuera del proceso hasta el pasado jueves está Isabel Gil Borrego. Esta mujer es la madre de Elisa Calvente Gil, pareja sentimental de Carretero y a la que también le ha salpicado este escándalo. Isabel es la mujer que se hizo pasar por la madre de María José Campanario en el hospital Puerta del Mar donde fue sometida a una prueba médica para el reconocimiento de una incapacidad. El fiscal considera probado esta escena, pero entiende que Isabel Gil desconocía lo que estaba urdiendo su hija y su pareja. E incluso mostró «extrañeza» cuando Elisa le insistió que debía responder al nombre de Remedios Torres. Sin embargo, el letrado de la Junta coincide con la tesis del instructor y mantiene la acusación contra esta imputada, para quien solicita un año de prisión por usurpación de estado civil.

Otra de las imputadas que tendrá que ir a juicio es la hermana de Carlos Carretero, Ana María. Ella es una de las acusadas cuya domicilio fue utilizado presuntamente por el cerebro de la trama para fijar la residencia, sólo en los papeles, de algunos de los beneficiarios. A esta maniobra recurrió el ex jefe de la Policía Local de Ubrique, según el fiscal, para que los supuestos incapacitados pudieran ser revisados por el inspector médico Francisco Casto Pérez, ya que provenían de otras zonas de la provincia y les habría tocado otro médico.

Las direcciones

Aquí está el grueso de los implicados que se libraron de de la acusación del Ministerio Público. La acusación pública no ha encontrado pruebas para acreditar que estos individuos sabían que estaban utilizando la dirección de sus domicilios con fines fraudulentos, mientras que el letrado de la Junta sí los considera partícipes en la estafa.

La 'estrella' del caso, María José Campanario, ve como la acusación particular reduce en un año y medio la petición que formuló el fiscal contra ella. Lo mismo ocurre con su madre, Remedios Torres. En cambio, el endurecimiento de penas con respecto a la calificación del Ministerio Público está en los facultativos imputados. La representación del SAS solicita condenas de ocho años de media para todos, independientemente del número de certificados que firmaron.

Este periódico ha sabido que entre los imputados podría haber una fallecida. Sin embargo, ni el fiscal ni la acusación particular han pedido para ella el sobreseimiento provisional correspondiente.

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