Los nacionalistas evitan apoyar la reforma legal que elimina las calles de etarras

Ni los nacionalistas vascos ni los gallegos ni los catalanes secundan la proposición de ley de reforma de la ley de Víctimas del Terrorismo. El texto ingresó en el registro del Congreso con las firmas del PSOE, PP, IU-IC y Grupo Mixto. La iniciativa establece que desde la entrada en vigor de la norma los ayuntamientos tendrán seis meses para suprimir las calles, plazas y placas en homenaje a miembros de ETA.

Socialistas, populares, IU-IC, Coalición Canaria, y UPyD registraron ayer la proposición que modificará el artículo uno de la ley aprobada en 1999 para que «en defensa de la dignidad de las víctimas» se prohiba que en lugares públicos haya «monumentos, escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas o de exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del terrorismo».

Una disposición que, cuando se apruebe, cubrirá un agujero legal pues no hay consenso entre los magistrados sobre qué hacer ante estos elementos de enaltecimiento terrorista. Unos ordenan su retirada de las calles y otros se inhiben. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tampoco tiene elaborada una doctrina. Las calles con nombre de etarras o con placas conmemorativas, no obstante, no son un fenómeno general en Euskadi y Navarra. En total, no hay más de una quincena, pero su existencia es motivo de escarnio para las víctimas del terrorismo.

Los nacionalistas, sin embargo, se desmarcaron de la proposición de ley. Fuentes parlamentarias del PNV adujeron razones de forma más que de fondo, pues la iniciativa «vino hecha» por PSOE y PP «sin un debate» con otras fuerzas políticas y ni siquiera hubo «un intento de llegar a un consenso».

Con todo, el PNV, el partido más afectado por la norma porque muchos de los alcaldes de los municipios con calles dedicadas a etarras son suyos, no discrepa con la reforma. «No hay problema con el contenido y seguramente la apoyaremos en el pleno» porque es un texto «casi igual» a la ley de víctimas vasca.

Otra cosa será, argumentaron las fuentes nacionalistas, la reforma del Código Penal que aprobará hoy el Consejo de Ministros. Las medidas buscan garantizar durante un periodo de entre uno y 20 años la vigilancia de los terroristas una vez que cumplan sus penas y salgan libres. La iniciativa tiene la aprobación asegurada en ambas cámaras porque están consensuadas entre el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba y el portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, si bien los dos partidos mayoritarios aspiran a incorporar a los nacionalistas al consenso.

Dispositivos

Entre las disposiciones, se contempla la presentación periódica ante un juzgado; la obligación de los excarcelados de estar localizable siempre; comunicar al tribunal correspondiente cada cambio de trabajo o de residencia; aplicación a criterio del juez de medios electrónicos, como pulseras o tobilleras, que permitan su seguimiento; y no aproximarse a la víctima o a sus familiares.