Rescate con límites

La traslación de la crisis financiera al ámbito de la economía industrial ha suscitado, también, las primeras reclamaciones para que las iniciativas habilitadas para garantizar la estabilidad del sistema bancario se extiendan a determinadas empresas en dificultades. Así se han manifestado los congresistas y senadores demócratas al solicitar al presidente Bush que General Motors, Ford y Chrysler sean incluidas como beneficiarias del plan de rescate financiero de 700.000 millones de dólares. En España también han empezado a circular propuestas y demandas que, aunque menos formales, anuncian una eventual proliferación de solicitudes de ayudas de diverso orden, dirigidas a las distintas administraciones públicas. Parece evidente que la crisis acabará afectando a empresas cuya viabilidad podía ser cuestionable incluso en condiciones de mercado anteriores a la fase más aguda de la desaceleración; aunque también incidirá en proyectos de futuro cuyo horizonte inmediato puede quedar seriamente comprometido, frustrando así expectativas trazadas más a medio y largo plazo. Pero por severos que se consideren los efectos de la recesión, será inevitable que haya empresas imposibilitadas para alcanzar el final del túnel. Es algo que la sociedad y las instituciones han de asumir, tratando éstas de racionalizar y optimizar los esfuerzos que se realicen para el mantenimiento de empresas y puestos de trabajo. Por eso, resulta necesario que, en el ámbito de sus respectivas competencias, las distintas administraciones establezcan, junto a la legislación vigente y a las normas que acompañan a los presupuestos, criterios comunes a la hora de favorecer el funcionamiento de las empresas y apuntalar su viabilidad, teniendo siempre en cuenta la limitada disponibilidad de los recursos públicos. Y ello a partir del principio de que la economía española precisa actuar en pos de un modelo renovado de crecimiento.