Los técnicos de Spanair defienden su intervención en el avión siniestrado

Los dos mecánicos de Spanair imputados por el accidente aéreo de Barajas, en el que fallecieron 154 personas y otras 18 resultan heridas de consideración, defendieron ayer ante el juez Javier Pérez, investigador del siniestro, que su intervención ante los primeros problemas detectados en la aeronave no afectó a la seguridad del vuelo con destino a Las Palmas.

Apoyados en las puertas de los juzgados madrileños por un centenar de compañeros, tanto Felipe G. R., como Julio N. B., señalaron, según los letrados que asistieron a su interrogatorio, que revisaron el avión de forma correcta, para lo que siguieron el manual de asistencia técnica de la aerolínea, y que el comandante Antonio García Luna no puso ninguna objeción a su trabajo.

El magistrado había imputado por homicidio imprudente tanto a estos dos mecánicos como al jefe de mantenimiento de Spanair en Barajas, Jesús T. A., porque la decisión de desactivar el sensor de temperatura (RAT) cuando dio problemas en el primer intento de despegue del MD-82 podría haber afectado al sistema de alarma (TOWS), que avisa de cualquier fallo antes de elevarse, ya que ambos sistemas están interconectados. El mecanismo no alertó de que el avión iniciaba el despegue sin que los imprescindibles flaps de las alas se hubiesen desplegado de manera correcta.

En esta tesitura, el juez optó por otorgar a los técnicos las posibilidades de defensa que ofrece el estatuto de imputado, en previsión de que durante el interrogatorio se viesen frente a alguna pregunta incriminatoria.

El encargado de desconectar la sonda que dio problemas, el mecánico Felipe G. R., compareció durante unas dos horas. Abandonó la sala de interrogatorios con la cara desencajada.

Dentro, según las fuentes citadas, explicó que hizo la revisión de acuerdo con el manual de incidencia a pie de pista y que trasladó el problema a su superior, Julio N. B., quien dio el visto bueno a su actuación ya que no afectaba a la configuración del vuelo y se podía reparar cuando llegara a su destino. Tras comunicárselo en la cabina al comandante, éste tomó la decisión de salir.

A preguntas del juez, los dos técnicos reconocieron que no consultaron el manual de operaciones de Boeing, fabricante del MD-82, pese a que el libro de averías recoge que un día antes del siniestro sus compañeros del aeropuerto de El Prat, en Barcelona, sí lo habían hecho para solucionar un problema de similares características. Para ello, el instructor les enseñó varios documentos que acreditan que los pasos seguidos por los técnicos de Barcelona fueron diferentes a los suyos. El instructor profundizó en este asunto porque dicho manual de Boeing es mucho más completo y exige un chequeo más profundo del sistema eléctrico para averiguar posibles fallos.

En cambio, las pautas que siguieron los dos mecánicos imputados, marcadas por la compañía propietaria del avión, se utilizan para reparaciones a pie de pista y permite despachar las aeronaves averiadas de forma más rápida, como ocurrió con el MD-82 siniestrado.

Por su parte, el jefe de mantenimiento de Spanair, Jesús A. T., cuya declaración apenas duró media hora, indicó, siempre según la versión de los abogados presentes en el interrogatorio, que su cometido no tiene nada que ver con la reparación de aeronaves, ya que sólo se dedica a coordinar el trabajo de los mecánicos.

Conflicto judicial

La Fiscalía ha rechazado desde el primer momento las imputaciones de estos tres técnicos al entender que son «prematuras» e «inconsistentes», ya que las causas definitivas que ocasionaron el accidente «aún no se conocen».

El Ministerio Público considera que hasta que la investigación del siniestro, que se prevé larga, no haya concluido no «hay motivos para acusar a nadie».

Sin embargo, el juez Javier Pérez tiene previsto ampliar las imputaciones. En las últimas horas, reclamó por escrito a la compañía que identifique a los empleados que revisaron los días 9 y 18 de agosto los alerones delanteros y traseros de la misma aeronave siniestrada, que fueron los mismos que a la postre fallaron el día del accidente.

La Fiscalía de Madrid ya ha anunciado que, en el caso de que haya nuevas imputaciones, interpondrá el correspondiente recurso. El fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, defendió antes de los interrogatorios de ayer que el magistrado debería esperar a conocer el informe definitivo de la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación Civil, así como los resultados de la comisión independiente creada por el propio juez instructor, antes de atribuir imputaciones que implican la existencia de una teoría sobre las causas del accidente.

Pero esas investigaciones pueden demorarse incluso un año o más, y el juez no quiere esperar. Su deseo es someter a los empleados de la compañía aérea Spanair a interrogatorios en los que se pueden ver obligados a contestar preguntas cuya respuesta supondría una autoinculpación.

El magistrado prefiere que acudan acompañados de abogados que puedan asesorarles, y que puedan negarse a contestar preguntas incómodas, algo que si prestan declaración en calidad de testigos tienen vedado por ley.