Las solicitudes de la Ley de Dependencia desbordan la previsión de la Junta

Pocas iniciativas han creado tanta expectación como la Ley de Dependencia. A pesar de no haber desarrollado una norma propia, la Junta ha defendido hasta la saciedad desarrollo de la misma, pero los resultados reflejan un claro retraso. Los gaditanos han presentado 26.000 solicitudes hasta el 27 de octubre, de las que ya están valoradas el 88,4% (22.984 peticiones), con lo que quedan algo más de 3.000 por examinar, según los últimos datos que ha recabado la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. De este grupo, 17.000 han sido declarados grandes dependientes o dependientes severos de grado dos nivel dos, que son los que tienen derecho a disfrutar de la prestación según el calendario que ha marcado el Gobierno.

Cifras

Los datos difieren mucho de la estimación inicial, que preveía entre 9.000 y 12.000 grandes dependientes y dependientes severos en la provincia. En estos momentos el principal problema lo tienen los ayuntamientos, con un gran déficit en sus arcas y pendientes del acuerdo de concertación social que se negocia ahora. El aporte municipal se centra en la ayuda a domicilio, para lo que la Junta ha consignado 2,3 millones de euros, una cantidad «aún pequeña» para financiar este servicio, según ha reconocido los propios consistorios de la provincia.

Si el número de solicitudes continúa aumentando, como ha marcado la tendencia, la Junta llegará a enero con un atasco con los dependientes severos de nivel uno -los que necesitan ayuda para realizar algunas actividades, pero no requieren la presencia permanente del cuidador- que tendrán que empezar a ser valorados desde primeros de enero de 2009.

Por lo pronto, hay 11.000 gaditanos que ya reciben la prestación, la mayoría grandes dependiente, que necesitan de la presencia permanente de un cuidador. El disfrute de las ayudas es el principal escollo, más aún en época de crisis con la amenaza de un posible recorte.

La Junta tiene tres meses desde que el demandante presenta la solicitud para valorar y otros tres para concederle la ayuda que dictamine; no obstante, estos plazos se dilatan hasta superar el año, una consecuencia que la Administración atribuye a la «avalancha de solicitudes». No obstante, la delegada del ramo, Manuela Guntiñas ha manifestado en reiteradas ocasiones su satisfacción por el grado de cumplimiento en la provincia, uno de los más altos de la comunidad.

Dispositivos

Otro problema añadido es la falta de equipamiento. La provincia dispone de 406 nuevas plazas residenciales desde que entró en vigor la norma. Éstas se suman a las 1.418 con las que ya se contaba entre públicas y concertada, según los datos aportados por tla Delegación de Igualdad y Bienestar Social. El número es muy bajo aún si se tiene en cuenta que la población mayor de 80 años supera los 12.000 gaditanos.

Las unidades de estancia diurna es otro de los puntos a tener en cuenta. A pesar de las subvenciones previstas en la ley para fomentar la apertura de este tipo de centros el número de plazas sigue siendo reducido. Entre públicas y concertadas apenas superan las 500 y están disponibles sólo en 14 municipios gaditanos.

emartos@lavozdigital.es