El PSOE quiere que De Bernardo explique si Urbanismo dio vía libre a Provigades para vender las viviendas

El viceportavoz del PSOE, Carlos García Caballero, ha manifestado tras tener constancia de las últimas noticias relacionadas con el caso Provigades su preocupación por las declaraciones del portavoz del equipo de gobierno de PA-PP, Francisco José Romero, en las que supuestamente acusaba a los responsables ministeriales de no haber pedido al Ayuntamiento la suspensión de la licencia municipal de obras a una empresa que estaba construyendo una veintena de viviendas dentro de una zona de seguridad militar. Para los socialistas, la actitud de Romero ha sido “un completo despropósito ya que, supuestamente, atribuye al citado Ministerio el conocimiento de una situación irregular y, además, el no haber actuado correctamente en la inmediata resolución del proceso”.

Aseguraron que una vez demostrado que Defensa sí requirió del equipo de gobierno local la suspensión de la licencia de obra a la constructora Provigades, cuya actuación al respecto está siendo juzgada en la Audiencia Provincial de Cádiz, deja en una situación muy comprometida tanto al anterior como al actual equipo de gobierno municipal. Romero, en calidad de portavoz del equipo de gobierno “omitió el hecho que Defensa solicitó la suspensión de la licencia. ¿Por qué no lo dijo en una comparecencia donde hizo lo que mejor saber hacer, es decir, escurrir el bulto?”, se pregunta el edil. “Desconocemos las razones por las que el ejecutivo que encabeza Manuel Mª De Bernardo manifiesta presuntamente que Defensa no actuó de forma correcta en este caso, cuando se ha demostrado la existencia del documento que así lo ratifica. Hay muchas preguntas que deben contestarse por el bien de la administración pública isleña”, afirmó.

García Caballero asegura que la ciudadanía “no quiere más enredos en un asunto cuya gravedad lo ha llevado hasta los Tribunales, por la imagen institucional de este Ayuntamiento, y por el hecho de garantizar la seguridad de los ciudadanos y las empresas que solicitan licencias, el alcalde debe salir a dar explicaciones inmediatamente. Si el Ayuntamiento no obró correctamente que lo diga y pida perdón a los ciudadanos y asuma sus responsabilidades. Lo que no sería admisible ni ética ni políticamente es que los andalucistas trataran de tapar sus errores con medias verdades”.

A su juicio las acusaciones vertidas por el portavoz de PA-PP están “fuera de tono y lugar” máxime teniendo constancia de que el Ministerio de Defensa solicitó en abril de 2002 al Ayuntamiento de San Fernando la suspensión de la licencia de obras que el Ayuntamiento, a través de la Gerencia de Urbanismo, concedió a Provigades, “por todo esto, que se haya aventurado a realizar unas declaraciones de semejante calibre no hacen sino poner en una situación muy difícil la necesidad de acercamiento y buenas relaciones que este Ayuntamiento debe tener con Defensa, por el bien general de San Fernando. Además de querer expropiarle –en referencia a los terrenos de los polvorines de Fadricas- ahora carga más las tintas con sus supuestas declaraciones contra el Ministerio”. Es más, aseguró en referencia a la actitud de Manuel Mª De Bernardo, que “quien calla otorga, y si el alcalde persiste en su silencio, tendremos que pensar que su portavoz mintió deliberadamente sobre este proceso, por lo que debiera ser cesado de forma inmediata”.

Unir no dividir

Para García Caballero es necesario que el gobierno local encauce las relaciones institucionales con Defensa, “una administración históricamente ligada a San Fernando y que la incorrecta política del ejecutivo de De Bernardo ha llevado al límite”. Para ello el edil socialista pide que el portavoz del ejecutivo de PA-PP se retracte públicamente de tales declaraciones y muestre el compromiso inequívoco del gobierno municipal de depurar cualquier tipo de responsabilidad que hubiese emanado de la actitud adoptada en su momento y que pudo haber derivado en un grave sufrimiento para las 22 familias que adquirieron las viviendas construidas, con permiso del Ayuntamiento, en unos terrenos inmersos en pleno perímetro de seguridad militar, tal y como en su día –como ha quedado suficientemente demostrado- advirtió Defensa. “Confiamos en que prime la cordura y se pongan las bases para retomar las relaciones con el citado Ministerio y esperamos igualmente que el resultado del juicio que se desarrolla en la Audiencia Provincial sirva para subsanar en la medida de lo posible el tremendo daño que se le hizo a unos propietarios que vieron como, sin la buena voluntad del Ministerio de Defensa, hubiese peligrado el esfuerzo de toda una vida. La responsabilidad que cada cual tenga en ese asunto es tarea de la Justicia pero lo cierto es que el equipo de gobierno del que De Bernardo formaba parte, además de conceder la correspondiente licencia municipal y ser advertido de que las viviendas podrían ser derribadas, desoyendo la orden de Defensa, dio un paso más y concedió a la empresa promotora la licencia de primera ocupación, lo que dio vía libre a Provigades para vender y escriturar las viviendas e iniciar así el calvario para 22 familias”, concluyó.