La Audiencia Nacional suspende la excavación de fosas de la Guerra Civil

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió ayer suspender de forma cautelar la apertura de fosas comunes de la Guerra Civil y el franquismo hasta que no se resuelva si el juez Baltasar Garzón es competente para investigar la existencia de desaparecidos en esa etapa histórica. Los magistrados, reunidos en un pleno urgente para resolver un recurso de la Fiscalía, acordaron por diez votos a cinco frenar las exhumaciones hasta resolver el fondo del conflicto: el convencimiento del Ministerio Público de que el juez no tiene base legal para conducir una causa penal contra el alzamiento y posterior dictadura militar del general Francisco Franco.

Más que extraordinario, el pleno fue intempestivo, y provocó la suspensión inmediata de todos los juicios en marcha, incluido el abierto contra los acusados por el desvío de fondos del Ayuntamiento de Marbella, con José Antonio Roca a la cabeza.

Durante cerca de tres horas de intenso debate, los magistrados no entraron en la cuestión de fondo: la competencia o no de Garzón y, por ende, de la Audiencia Nacional, para investigar estos crímenes. Tan sólo estudiaron el recurso de la Fiscalía, que quiere que el juez se limite a practicar diligencias «esenciales» que no causen perjuicios de difícil reparación a terceros, en referencia a la exhumación de cadáveres.

El Ministerio Público puso la proa a la investigación del franquismo desde el primer momento, pero el juez Garzón «ha seguido ordenando la práctica de diligencias y dictando resoluciones» antes de que se haya decidido si es competente. Por ejemplo, la autorización dada el pasado 16 de octubre para abrir 19 fosas. Decisión que amplió el pasado miércoles Santiago Pedraz, sustituto legal de Garzón durante su baja médica, al ordenar la exhumación de varios cadáveres enterrados en el Valle de los Caídos (Madrid).

La Fiscalía cree que, conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el instructor cuya competencia está cuestionada no puede practicar más diligencias que aquellas que sean urgentes o necesarias para comprobar el delito, y parece obvio, añade su recurso, que todas las diligencias acordadas hasta la fecha «no revisten ese carácter».

El debate sobre si la apertura de fosas es o no «urgente» fue, en ocasiones, virulento, según fuentes de la Audiencia Nacional. Al final, diez magistrados optaron por apoyar la suspensión, por entender que las exhumaciones en marcha no corren prisa y su legalidad podría ser incluso cuestionada si Garzón pierde la facultad para investigar.

El presidente de la Sala, Javier Gómez Bermúdez, y los de las tres secciones que completan el tribunal defendieron esta tesis, respaldados por otros seis miembros del tribunal.

Enfrente, cinco magistrados reconocieron que abrir las tumbas no es urgente, pero en nada entorpece la causa y tiene aval legal, puesto que el artículo 22 de la Ley de Enjuiciamiento autoriza a los instructores cuya competencia se cuestiona a realizar las diligencias que estimen pertinentes hasta que el tribunal resuelva. Manuela Fernández, Ángeles Barreiro, Teresa Palacios, Ramón Sáez y Javier Martínez defendieron esta postura.

Según fuentes judiciales, algunos de estos magistrados reprocharon al fiscal que no haya recurrido las órdenes particulares de desenterramiento, y que sin embargo, ayer a primera hora se descolgase con un recurso genérico en el que pidió su suspensión.

Frenadas las excavaciones, el sumario 53/08 queda congelado hasta que la Sala de lo Penal resuelva si Garzón es o no competente para investigar la desaparición de personas durante la Guerra Civil y el Franquismo. Según fuentes judiciales, esa decisión aún tardará en llegar unas dos semanas.

El convencimiento generalizado en la Audiencia Nacional es que de las hostilidades desatadas saldrá vencedor el fiscal jefe, Javier Zaragoza, y el juez perderá su jurisdicción sobre la causa.

Desde que abrió una causa penal contra el franquismo, Garzón se ha topado con la firme oposición de la Fiscalía, que considera que Ley de Amnistía de 1977 impide la investigación de delitos comunes, que son competencia de la justicia ordinaria y que, en todo caso, estarían prescritos. Zaragoza defiende esta postura con total respaldo del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido.