El Gobierno quiere reducir de manera «drástica» los anuncios en TVE

El Gobierno cree necesario proseguir en el camino de la reducción publicitaria de la televisión pública emprendido en TVE, según expuso María Teresa Fernández de la Vega en la clausura de la jornada anual convocada por las televisiones comerciales, agrupadas en UTECA. «¿Hasta dónde vamos a llegar?, en mi opinión hasta el final», planteó la vicepresidenta en su discurso, que cerró una sesión crítica de las comerciales hacia el comportamiento de las cadenas públicas. Alejandro Echevarría, presidente de UTECA, pidió la supresión total de publicidad en Televisión Española y los canales autonómicos, así como la reducción a la mitad del número de canales de televisión digital para los operadores públicos con tal de afrontar las amenazas que se ciernen sobre el sector audiovisual español, agravadas por la llegada del aluvión de canales de TDT, «todo un problemón estructural».

De aquí a 15 años

La vicepresidenta pidió «consenso» a la hora de abordar una reforma del modelo audiovisual español que, dentro de un desarrollo tecnológico «frenético», tenga un horizonte temporal «de al menos quince años». Además, recordó que TVE ha iniciado una reducción publicitaria de un minuto a la hora y que en poco más de un año se habrá eliminado una cuarta parte de su publicidad potencial. «Pero sería irreal quedarse en una mera reducción matemática de la publicidad sin tomar otras medidas conducentes a una financiación alternativa, porque se acabaría con la muerte y la desaparición de la televisión pública», continuó. De la Vega cree necesario para proseguir en el camino emprendido la adopción de unas «medidas estructurales» que garanticen la convivencia entre el sector público y el privado.

Para tomar algunas decisiones será necesario un marco normativo que marque la Comisión Europea, explicó la vicepresidenta de Gobierno. Además, las instituciones europeas están en un proceso de revisión y actualización de las ayudas estatales por compensación de servicio público a las empresas de radiodifusión. A la hora de transformar el modelo audiovisual español, el Ejecutivo lo hará «en coherencia con Europa», al tiempo que adoptará medidas sobre la legislación española. En este sentido, la Ley General Audiovisual sigue citándose como la norma básica que dará una salida a parte de estas actuaciones.

Por su parte, UTECA cree que hasta ahora se han adoptado medidas «parcheadas» y pide al Gobierno que dibuje con urgencia un nuevo marco legislativo global del sector, especialmente a partir del desarrollo de la TDT. Con respecto a la televisión pública, las comerciales piden que se suprima de forma total la publicidad tanto en TVE como en las autonómicas.

Según el informe presentado por la firma Deloitte, TVE cuesta cerca de 1.500 millones de euros al año; es decir, 170 euros por hogar Por otra parte, los gastos de explotación de las televisiones públicas ascienden a 2.600 millones, frente a los menos de 1.500 de las privadas, según indicó ayer el director general de Sogecable, Carlos Abad. De la Vega resaltó el hecho de que, si bien TVE ha suprimido en un minuto su publicidad por hora, en realidad emite unos dos minutos menos por la crisis del sector publicitario. Además, Abad enfatizó que el porcentaje de servicio público que emite TVE 1 en horario estelar es del 17%, de acuerdo con los análisis de UTECA.

Canales de TDT

La avalancha de canales de TDT representa un desafío para las comerciales. Echevarría recordó que se podrán ver en cada territorio autonómico entre 44 y 52 canales digitales, con un mercado publicitario que decrecerá también en los dos años próximos. Por eso pide que se reduzcan los dos múltiplex de TVE a uno, como en otros países europeos, así como los canales de TDT autonómicos.

Entre las seis peticiones dirigidas a la Administración figura también que los contenidos de las cadenas públicas deben responder a producciones de calidad y de servicio público, con un inequívoco apoyo a la industria europea -emitir un 80% de contenidos del ámbito de la Unión Europea-, así como adquirir derechos deportivos «alternativos» a los que compren los privados.