El fiscal destaca que el acoso al entorno de ETA ha reforzado la lucha antiterrorista

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, calificó de «salto cualitativo» en la lucha contra el terrorismo la persecución judicial de la infraestructura de apoyo y cobertura de ETA. Y destacó, en concreto, el «hito histórico» que supuso el juicio del caso Ekin, tras el que fueron condenados 47 dirigentes de la denominada izquierda abertzale el pasado diciembre por dar apoyo a la organización terrorista. Conde-Pumpido compareció ayer en la Comisión de Justicia del Congreso, donde hizo un repaso a la labor del Ministerio Público en el último año.

Ante los diputados presumió de la labor fiscal contra el terrorismo y, sobre todo, contra el entorno de ETA, aunque no olvidó matizar que la condena de la cúpula de Ekin está pendiente de recurso ante el Supremo y reconoció las «complicaciones» que presentan este tipo de fallos debido al débil sustento probatorio de las condenas.

El fiscal general volvió a defender la actuación del Ministerio Público en la ilegalización del Partido Comunista de la Tierras Vascas (PCTV) y de Acción Nacionalista Vasca (ANV) y, sin mencionar de manera expresa la dura polémica que protagonizó durante la tregua de ETA la pasada legislatura, si insistió en que la ley «seguirá siendo nuestro patrón y nuestra frontera» para erradicar de la vida pública a los que apoyan o sustentan la vía terrorista para imponer su pensamiento.

Conde-Pumpido se defendió de los que acusan a la Fiscalía de «oportunista y arbitraria» en la lucha contra el entorno político de ETA -tanto el Partido Popular como la diputada de Unión Progreso y Democracia, Rosa Díez, se mostraron muy críticos con él- al señalar que las pruebas que permitieron pedir la ilegalización de ANV llegaron a partir de las elecciones municipales de mayo de 2007 y a lo largo del segundo semestre de ese mismo año.

Asimismo, aseguró que combatir el terrorismo seguirá siendo la «primera prioridad» de la Fiscalía y se mostró convencido de que el trabajo del Ministerio Público será «más útil» para acercar el final de esta lacra. Para ello, reclamó «unidad política» y pidió minimizar los «errores» que pueda cometer la Fiscalía para que no se convierta en un «arma arrojadiza» al servicio de cualquier interés.

El fiscal general recordó al PP que la Fiscalía «no hace ni impulsa la política criminal» o antiterrorista, «que tiene su origen en la acción del Gobierno y en la aplicación de las leyes que ustedes aprueban en las Cortes». «La política criminal de la Fiscalía es la política criminal del Estado», insistió.

Réplicas

El repaso anual a la labor antiterrorista del Ministerio Fiscal fue el punto más controvertido de la comparecencia y el que más réplicas provocó entre los portavoces parlamentarios, sobre todo entre el PP y el PSOE, que recordaron los desencuentros de la pasada legislatura. Tanto el PNV como CiU valoraron de forma positiva la actuación de la Fiscalía.

Otro de los «hitos históricos» de los que presumió Conde-Pumpido fue el juicio a los autores del atentado del 11-M, con el que la Justicia dio una «respuesta razonada en un tiempo razonable» a tan grave ataque. No obstante, recordó, «no hay que bajar la guardia».

La Fiscalía ya advirtió en su memoria anual del incremento de los grupos extremistas islámicos en España y propuso reforzar la cooperación policial, judicial y de inteligencia con los países del Magreb y Francia y en aplicar con rigor las leyes penales.

Durante su comparecencia, el fiscal general del Estado desveló que ha reclamado de manera oficial al Gobierno un nuevo proceso penal para que la Justicia española pueda salir del siglo XIX. El actual se regula mediante la Ley de Enjuiciamiento Criminal vigente, que data del año 1882 y es calificada por algunos juristas como «extremadamente garantista» con el delincuente.

Conde-Pumpido cree que se trata de una «necesidad inaplazable» y la mejor manera de poner a la Justicia en el lugar que le corresponde. Recordó que el 75% de los asuntos que llegan a los tribunales son penales, de ahí la urgencia de la reforma, y adelantó que el fin de la nueva ley será reforzar el principio acusatorio.

Por ello, el fiscal pidió el «máximo» consenso político y social posible, a lo que el portavoz de justicia del PP, el ex ministro Federico Trillo, respondió que mientras él dirija el Ministerio Fiscal «no va a contar» con el apoyo de su partido. «No como usted lo quiere», le espetó Trillo, que acusó al fiscal general de «oportunismo y desfachatez».