La Guardia Civil inicia otra operación contra la estafa de obra nueva con cinco arrestos

Y ya van tres. El Equipo Contra la Delincuencia Urbanística de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz está llevando a cabo en los últimos días la fase de explotación de una nueva operación -la tercera- contra la falsificación de certificados de obra nueva, que a la vista de los casos que ya se han destapado desde principios del año pasado, se confirma como la salida ilícita utilizada por muchos propietarios para legalizar futuras propiedades asentadas sobre suelo urbano no consolidado; o lo que es lo mismo, donde no está autorizada la edificación de viviendas.

Este periódico confirmó ayer que ya hay más de cinco personas detenidas, algunas vecinas de Chiclana, en una investigación de corte muy similar a la primera que se desarrolló a principios de 2007, difundida en el mes de junio y que supuso la primera vez que los medios se hacían eco de un tipo de estafa que consiste, en esencia, en la falsificación de unos certificados que acreditan una antigüedad inexistentes de inmuebles que se pretenden levantar en zonas no permitidas. Esta triquiñuela permite que esas viviendas puedan ser inscritas en el Registro, porque supuestamente ya ha prescrito la infracción urbanística.

Estas detenciones son la culminación de varios meses de investigación previa nacida a raíz de una denuncia y una vez más, uno de los nombres que han salido a la palestra no es desconocido para los investigadores. De los datos que ha podido tener acceso este medio, ya que las fuentes oficiales de la Guardia Civil guardan silencio porque la operación no ha concluido, se ha sabido que uno de los implicados es Julio G. G.

Esta persona ya fue arrestada el año pasado en la primera investigación impulsada por un equipo, adscrito a la Policía Judicial de la Comandancia gaditana, que acababa de crearse en el cuartel de la capital. Las pesquisas lo señalaban como uno de los tres peritos que presuntamente firmó varias tasaciones falsas de inmuebles. Cuando saltó la noticia de su implicación, adelantada en su día por LA VOZ, ejercía de jefe técnico del cementerio mancomunado de Chiclana. Ahora se ha vuelto a ver en la misma tesitura legal: detenido y puesto a disposición judicial. Si bien, Julio G. G. ha crecido dentro de la empresa Cemabasa, que gestiona el camposanto chiclanero, ya que actualmente es subdirector.

Antes de esta segunda detención, Julio G. G. había quedado en libertad con cargos después de prestar declaración en el juzgado nº 3 de Chiclana, el cual instruye la primera de las tres grandes operaciones de obra nueva que la Guardia Civil ha desarrollado en casi dos años -existe una cuarta que está investigando a partir de las denuncias formuladas por el Ayuntamiento de El Puerto en la que aún no se han producido detenciones-. Fue interrogado por su supuesta participación en dos delitos de falsedad documental y estafa. Julio G. G. se le vinculó con la tasación de varios inmuebles que en realidad no correspondían con aquellos que se iban a inscribir en el Registro. Esos peritajes fueron utilizados como parte de la documentación para solicitar préstamos hipotecarios a una de las entidades bancarias que resultaron ser víctimas de esta estafa, Unicaja. En su primera declaración, meses atrás, alegó que siempre creyó que estaba realizando tasaciones legales.

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