Medidas de confianza

La acusada volatilidad de la crisis financiera y la evidencia de que su impredecible evolución sigue poniendo a prueba la eficacia de las medidas excepcionales aplicadas para paliar sus efectos obligan al sobreesfuerzo no sólo de acertar con las recetas puestas en marcha. También a atinar en la transmisión de los mensajes institucionales, los cuales deberían asegurarse mejor de que suscitan la confianza que dicen perseguir. En las últimas horas, el Gobierno ha modulado sus planteamientos en dos asuntos particularmente sensibles porque afectan al sector inmobiliario y al de automoción, acuciados por la crudeza de la crisis. La disposición del Ejecutivo a ampliar de cuatro a seis años las cuentas ahorro-vivienda, sin que ello conlleve prolongar las deducciones fiscales, ha evidenciado las contradicciones que implica gestionar un frenazo que ha provocado en los primeros ocho meses del año un desplome del 38% en la compraventa de los pisos de segunda mano y del 14,6% en los de nueva construcción. El propio Solbes admitió ayer que la nueva medida puede resultar incongruente con la necesidad de dar rápida salida a un stock que ronda las 700.000 viviendas, lo que refleja los titubeos existentes para acomodar las iniciativas públicas a un contexto de problemas crecientes. Pero también la obligatoriedad de que las mismas respondan a un programa de actuaciones articulado que contribuya a garantizar su fiabilidad ante una ciudadanía sumida en la inquietud y el desconcierto.