Incesante corrupción

a detención de la alcaldesa de la localidad alicantina de San Fulgencio y de otros cuatro ediles por su presunta relación con una trama de irregularidades urbanísticas, por la que también fueron arrestados el teniente de alcalde, el jefe de la Policía Local y el concejal de Seguridad, constituye el último episodio de una serie de actuaciones del Estado de Derecho contra el goteo de investigaciones abiertas contra responsables públicos por el supuesto cobro de comisiones ilegales. El rebrote de este tipo de corruptelas evidencia el enraizamiento de un problema difícil de erradicar sin un compromiso más explícito de las instituciones, los partidos y la propia sociedad que evite cualquier atisbo de condescendencia ante una lacra que envilece la democracia. Y cuya persistencia obliga a controles más exhaustivos.