Vivienda adquirirá suelo para pisos en ciudades de más de 20.000 habitantes

El Gobierno comprará suelo para la construcción de viviendas en los municipios de más de 20.000 habitantes, según aseguró ayer la ministra del ramo, Beatriz Corredor. La operación movilizará hasta 2.870 millones de euros, permitirá la construcción de entre 15.000 y 20.000 pisos protegidos y dinamizará la urbanización de casas en un momento en el que sobre el mercado inmobiliario planea «la estrangulación de la construcción protegida».

La ministra informó de que hoy se inicia la Oferta Pública de Compra de Suelo, que termina el 29 de diciembre, con una duración de cuatro años 2009-2012, y un presupuesto de 300 millones, a los que se sumarán otros 130 para cubrir los gastos vinculados a la urbanización. Por otra parte, los promotores públicos y privados que ejecuten las obras invertirán unos 2.440 millones. Es decir, el efecto económico del plan ascenderá hasta los 2.870 millones de euros.

La oferta estará destinada a los municipios de más de 20.000 habitantes. Dará prioridad a las propuestas que consoliden zonas urbanas, dado que su objetivo «es hacer ciudad». Por ello, explicó Corredor, «se atenderán preferentemente ofertas próximas a núcleos urbanos, en zonas degradadas o que unan dos desarrollos».

Alquiler con opción

La ministra también se refirió al Plan Estatal de Vivienda 2009-2012, actualmente en fase de borrador, que incentiva el alquiler con opción a compra, por primera vez, y recoge que el esfuerzo económico de los demandantes de vivienda pública no debe superar la tercera parte de sus ingresos. Recordó que entre los objetivos prioritarios del proyecto está el absorber el stock de construcciones terminadas que continúan sin ser compradas para lo que se establece una serie de medidas transitorias. Corredor rehusó concretar una cifra, pero comentó que los últimos informes recogen entre 700.000 y 900.000 casas en espera de ser adquiridas.

Según el borrador, las viviendas terminadas que podrán calificarse como protegidas de precio concertado serán aquellas libres con licencia de obra anterior al 1 de septiembre de 2008. En paralelo, hasta el 31 de diciembre de 2009, podrán comprar de forma «excepcional» algunos de estos pisos aquellos ciudadanos con ingresos familiares inferiores a siete veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM), situado en 6.202,80 euros al año.

Los beneficiarios con derecho a protección preferente serán las familias con ingresos de hasta 1,5 veces el IPREM, para el alquiler, y de 2,5 veces, en el caso de que se decanten por la compra. En atención a las rentas medias se subirá el límite a 4,5 veces el IPREM para las ayudas directas a la entrada.

Treinta metros, mínimo

Corredor apuntó que la superficie máxima y mínima de las viviendas y alojamientos protegidos dependerá de las comunidades. No obstante, en aquellas autonomías en las que la competencia no esté transferida el Ministerio establecerá, de forma subsidiaria, una superficie de 30 metros cuadrados para una o dos personas, ampliable en 15 metros por cada nuevo ocupante. Además, los pisos de más de 90 metros ya no estarán excluidos de las ayudas.

En este sentido, la ministra quiso dejar claro que las superficies de los pisos nada tienen que ver con los 15 metros cuadrados previstos para los alojamientos transitorios destinados a colectivos específicos como universitarios o científicos. Recordó que se trata de habitaciones en edificios residenciales que cuentan, fuera de sus paredes, con servicios comunes. Algunos de ellos, continuó, tendrán más espacio y quedarán reservados a inquilinos muy especiales como mujeres víctimas de la violencia de género con hijos u otras familias con determinados problemas.

Corredor se refirió a la evolución del precio de los pisos. Advirtió de que no sería una buena noticia que el valor de las casas se desplomara por debajo del real. «No trabajamos con expectativas de bajada del precio. Para ayudar a quienes carecen de vivienda lo que sí hacemos es aprovechar el exceso de stock y tratar de dar salida a las construcciones terminadas y sin vender a través de la vivienda concertada», concluyó.