El arquitecto imputado en 'Obra Nueva' acumula medio centenar de denuncias

Su nombre salió a la luz a raíz de su implicación en el caso Obra Nueva, una investigación de la Guardia Civil sobre la legalización de viviendas mediante certificados falsos de antigüedad que aún no ha concluido. El arquitecto Joaquín P. S. fue entonces detenido como supuesto autor de esos documentos, que avalaban que un inmueble edificado sobre suelo urbano no consolidado tenía más de cuatro años, cuando en muchos casos ni siquiera había sido levantado. De esa forma, el propietario de esa vivienda eludía cualquier responsabilidad porque la infracción urbanística había ya prescrito.

Pero a esa primera imputación le han seguido otras tantas. Y es que la Fiscalía en sólo un año ha tramitado entre 40 y 50 denuncias contra este profesional, que sigue en activo, pese a que su nombre ha aparecido en otras operaciones similares llevadas a cabo en El Puerto; o la más reciente de todas, desarrollada por la Policía Autonómica, en Chiclana.

La falsificación de estos certificados era una práctica delictiva desconocida para la opinión pública hasta que el año pasado se divulgaba la investigación de la Guardia Civil. A partir de entonces se fueron sucediendo nuevas denuncias como las remitida por el Ayuntamiento de El Puerto a la Fiscalía desde que el Partido Popular sustituyera en el Gobierno municipal a Independientes Portuenses. El avance de las diferentes pesquisas han puesto en evidencia que muchos de los casos tienen en común la supuesta participación de tres profesionales: dos técnicos (un ingeniero y un aparejador) y el citado arquitecto, Joaquín P. S.

Una de las diligencias practicadas por el Equipo de Delincuencia Urbanística del Instituto Armado consistió en recabar el volumen de expedientes que Joaquín P. S. había tramitado para analizar, papel por papel, cuáles son acreditaciones ficticias y qué dinero pudo llegar a embolsarse -los certificados falsos descubiertos llegaron a tener un precio de 3.000 euros, según las pesquisas de la Benemérita-.

Y aquí llegó la primera sorpresa: Joaquín P. S. está especializado en la certificación de antigüedad de inmuebles y es uno de los arquitectos que más documentos de este tipo rubrica con su firma en la provincia. Los agentes lo supieron después de solicitar a su colegio profesional un listado de los certificados que había registrado en dicha institución. El imputado había firmado sólo en un año unos 600 documentos.

Este dato fue corroborado ayer por el decano del colegio de Arquitectos, Ramón Pico, quien confirmó a este medio que fue toda una sorpresa para su colectivo que el colega sospechoso de esas falsificaciones - «una excepción dentro del colectivo», subrayó Pico- fuera precisamente uno de los profesionales que emite más certificados.

El colegio decidió el año pasado, a partir de los primeros fraudes destapados, aumentar los filtros de control en la oficina de visado para detectar las acreditaciones irregulares de obra nueva -denominación oficial para estos documentos- que les pudiera llegar a la institución. Así, se solicitó a los colegiados que acompañaran material complementario como reportajes fotográficos de cada finca inspeccionada.

Primera condena

Estas medidas de control se están aplicando de manera rigurosa con los certificados que llegan firmados por Joaquín P. S., después de conocerse su primera imputación. Sin embargo, el colegio no ha iniciado ningún proceso sancionador contra su colegiado porque según explicó ayer su decano están a la espera de que se dicte alguna sentencia en su contra para aplicarle previsiblemente la sanción más grave que contempla el reglamento deontológico de la institución: la expulsión. Por eso, a día de hoy, Joaquín P. S. sigue ejerciendo como arquitecto y aún no ha sido inhabilitado. Pero este periódico ha sabido, mediante fuentes de la Audiencia Provincial, que Joaquín P. S. ya tiene una condena en su contra por falsedad documental y en la que no cabe recurso porque fue acordada por conformidad de las partes.

Esa sentencia no le ha impedido seguir con su carrera profesional porque el Código Penal sólo castiga con la inhabilitación a la autoridad o a los funcionarios, no a los particulares. A esa condena se le puede sumar próximamente otro fallo en su contra porque en pocos días se va a celebrar otro juicio en la Audiencia Provincial con el mismo leit motiv. Este periódico se puso en contacto ayer con el imputado, pero rehusó hacer cualquier declaración hasta que todos los procedimientos judiciales en los que está inmerso, se resuelvan.

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