La Audiencia Nacional retiene el 'caso Saqueo' para impedir la impunidad de Roca
El caso Saqueo I de Marbella se juzgará en la Audiencia Nacional. La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de este tribunal rechazó hoy la petición de las defensas de los procesados de que fuera el Tribunal de Cuentas el que estableciera las responsabilidades por el desvío de más de 36 millones de euros del consistorio de la Costa del Sol entre 1991 y 1995 y en el que supuestamente participaron el cerebro de la operación Malaya, Juan Antonio Roca y otras cinco personas.
Actualizado: GuardarLa Audiencia Nacional asegura que ceder este sumario, también conocido como caso facturas falsas, podría acarrear la «impunidad» del ex asesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella y de los otros imputados, habida cuenta de las limitadas competencias del Tribunal de Cuentas, que no puede imponer penas de cárcel porque no es un juzgado penal. En el auto en el que rechaza las cuestiones previas planteadas por las defensas, los magistrados Ángela Murillo, Teresa Palacios y Juan Martel recuerdan que el Tribunal de Cuentas, por ley, sólo puede cuantificar las «responsabilidades contables» y que en ningún caso esta corte fiscalizadora podría «determinar las responsabilidades criminales».
La sala explica que «existe plena compatibilidad entre ambas jurisdicciones (contable y penal) pudiendo originarse unaevidente impunidad si de la materia civil dimanante del delito de malversación sólo pudiera conocer el Tribunal de Cuentas, por lo limitado de sus atribuciones».
Dinero a Gil
Tras la resolución de las cuestiones previas, el proceso comenzó con la declaración del primero de los imputados, Eduardo Gonzálvez Montalbán, contable de la empresa pública de Marbella Contratas 2.000. Gonzálvez reconoció que de forma regular ingresaba dinero del consistorio marbellí a personas del entorno del ex alcalde Jesús Gil, que estuvo imputado en este caso hasta su fallecimiento.
La Fiscalía sostiene que Contratas 2000 fue la empresa usada por Roca para desviar millones de euros del ayuntamiento a un conglomerado de empresas fantasmas, a nombre de la madre del ex asesor urbanístico, por trabajos que jamás se realizaron. Hoy, sin embargo Gonzálvez Montalbán dijo que nunca recibió órdenes ni de Roca ni de Gil.
El Ministerio Público pide penas de entre 8 y 10 años de prisión para Roca y los otros cinco acusados por los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil.
