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Opinion

La única víctima

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a comparecencia pública de Juana Gálvez, la secretaria del Juzgado de Sevilla suspendida durante dos años de empleo y sueldo por no ejecutar una pena de prisión contra el presunto asesino de la niña Mari Luz, constituye un ejercicio de falta de sensibilidad y oportunismo inconveniente, similar por sus efectos sobre la familia de la víctima a las quejas del juez Tirado al ser multado por los mismos hechos. La funcionaria ha sido sancionada tras acreditarse que la indebida libertad de que gozaba Santiago del Valle fue producto de su negligencia en la tarea que tenía encomendada, la cual estaba obligada a cumplimentar independientemente de la carga de trabajo que pudiera conllevar. El hecho de que los medios materiales y personales de la Justicia en España sean manifiestamente mejorables no exculpa despropósitos de consecuencias tan graves y definitivas.