Los promotores piden al Gobierno que el ICO avale la compra de pisos

El nuevo presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), José Manuel Galindo, se estrenó ayer en su cargo con un claro y directo mensaje al Gobierno. El empresario pidió al Estado que avale, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), la compra de pisos libres y protegidos.

Galindo apuntó también la necesidad de que el Ejecutivo obligue a la banca a conceder hipotecas a aquellas rentas medias y bajas a las que las entidades han cerrado la puerta a pesar de ser «solventes». La prueba más palpable de este frenazo es que, según la Asociación Hipotecaria Española (AHE), el crédito hipotecario cayó, por primera vez, el pasado agosto. Los españoles amortizan ya la misma cantidad de dinero al mes que reciben del sistema financiero, algo impensable en los años del 'boom' inmobiliario.

La APCE rechazó entonar un 'mea culpa' colectivo por los excesos del pasado: «No hay responsabilidades colectivas, si acaso, individuales. La falta de financiación es el gran problema del ladrillo, que ve cómo miles de pisos quedan 'colgados' porque, sencillamente, nadie concede hipotecas para comprarlos».

Así lo aseguró Galindo, quien explicó que los avales del ICO -que tendrían una duración máxima de cinco años- respaldarían el 30% o 40% del valor del piso que la banca daba sin problemas hace muy poco tiempo hastael 100% o el 110% del valor de tasación, y que hoy resulta imposible de conseguir. «Servirían para dar cobertura, con un aval o un seguro ante un eventual impago, a los muchos que hoy llegan al banco sin ese 30% de ahorros previos necesario para pagar la entrada y los gastos», dijo. José Manuel Galindo criticó que mientras el Gobierno enarbola la bandera de la política social de vivienda, muchos compradores (sobre todo de VPO, pero también de pisos libres) no acceden al crédito, a pesar de contar con una nómina estable y de capacidad suficiente, para no dedicar más del 30% de sus ingresos a la casa. Es para ese colectivo para el que la Apce exige que el Estado imponga a los bancos la obligación de financiar la compra.

En su presentación en sociedad, José Manuel Galindo justificó sus demandas al Ejecutivo en el hecho de que «en la primera vivienda apenas hay morosidad», con lo que estas iniciativas llevarían a la economía real el dinero que el Estado ha puesto encima de la mesa para «ayudar al sistema financiero». El presidente de la APCE abogó por el diálogo, y advirtió de que 2009 será peor año si no se toman cartas en el asunto.

«Es necesario, siempre desde la base del realismo, poner en marcha actuaciones que, más allá de parchear la mala coyuntura, sirvan para sentar las bases del futuro», concluyó Galindo, quien cree que «si hay crédito la crisis se podría resolver en dos o tres años.