Argentina lanza una reforma para nacionalizar fondos de pensiones privados por valor de 23.210 millones de euros

El Gobierno de Argentina ha anunciado que impulsará una reforma legal para traspasar millonarios fondos de pensión administrados por entidades privadas al sistema estatal de jubilaciones. La presidenta argentina, Cristina Fernández, ha firmado el proyecto de ley que enviará al Parlamento para concretar esta reforma, que presenta con una fuerte defensa del papel de intervención del Estado para resguardar el futuro de los trabajadores.

La medida ha tenido un efecto dominó en todos los parqués del mundo, empezando por España que registra fuertes pérdidas. Del mismo modo, han cerrado en negativo la mayoría de las bolsas europeas y Wall Street ha iniciado la sesión con una caída del 4,25%. El principal indicador argentino ha abierto las negociación con un desplome superior al 10%.

El plan oficial supone el traspaso al Estado de la cartera de fondos gestionada por las administradoras de fondos de jubilación y pensión (AFJP) por unos 30.600 millones de dólares (23.210 millones de euros). De aprobarse en el Parlamento, la reforma implicará el fin del sistema de retiro por capitalización creado en 1994 y en el que actualmente operan diez compañías controladas por bancos y aseguradoras de capitales europeos, estadounidenses y argentinos, con 9,5 millones de afiliados.

"Escucho decir que el Gobierno quiere hacerse de una caja. Nunca hemos especulado a la hora de tomar decisiones, más allá de mantener el superávit fiscal. Sí pensamos en la Constitución que dice que es el Estado el que debe garantizar las jubilaciones", ha afirmado Fernández.

"Rescatar a los trabajadores"

Orígenes (controlada por la holandesa ING Insurance), Met (de la estadounidense Metropolitan Life) y Consolidar (del grupo español Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA) son las principales firmas afectadas, ya que acaparan el 47% de los afiliados al régimen de capitalización. También operan en el mercado otras firmas controladas por sindicatos, asociaciones profesionales y cooperativistas de Argentina (Arauca, Unidos, Futura, Previsol y Profesión+Auge); Máxima, del grupo inglés HSBC, y Nación, del estatal Banco Nación de Argentina.

El titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Amado Boudou, ha indicado que la propuesta oficial viene a "dar por terminado el experimento fracasado del régimen de capitalización". El funcionario considera que el sistema de las AFJP "fue un error fenomenal que le costó muy caro a la sociedad argentina", ya que constituye un "saqueo" por el que el Estado se ha endeudado en 100.000 millones de dólares (75.849 millones de euros) y ha pagado altas tasas de interés a las administradoras por sus tenencias en títulos públicos.

Según el Gobierno, la rentabilidad de los fondos administrados por las AFJP cayó un 20% en el último año "y seguirá dando pérdidas en el futuro" al compás de la crisis financiera global. Boudou ha dicho que, mientras en EEUU y Europa, los Estados se dedican a rescatar bancos, en Argentina "el Gobierno ha decido rescatar a los trabajadores y a los jubilados para que tengan un futuro seguro".

Preocupación entre los trabajadores

Si se aprueba el proyecto, los fondos provenientes del sistema privado pasarán a las arcas de la Anses, que administra ya los aportes de unos cinco millones de trabajadores adheridos al sistema de jubilación estatal y que paga jubilaciones a unos cinco millones de retirados. Además, la caja estatal se nutrirá anualmente con unos 4.630 millones de dólares (unos 3.512 millones de euros) que los trabajadores aportan actualmente al sistema privado.

La Anses también se hará cargo del pago a las 445.514 personas que cobran su retiro a través del sistema privado y que en un 77% no alcanzan a la jubilación mínima, que es de 212,6 dólares (161 euros) mensuales, por debajo de la cesta básica de alimentos y servicios que marca la línea de pobreza y que el mes pasado fue de 300 dólares (227 euros).

El anuncio oficial ha puesto en alerta a los 11.000 empleados del sector, cuyos representantes sindicales reclamarán al Gobierno por la "violencia" de la reforma y el golpe de muerte a su fuente laboral, pese al apoyo de las centrales gremiales a la iniciativa oficial. Boudou garantiza que esos trabajadores serán incorporados a la Anses.

La reacción también fue adversa en los mercados, con caídas generalizadas en la Bolsa de Buenos Aires, aunque particularmente notables para los papeles del sector bancarios -con retrocesos de hasta el 21%- y pérdidas también para los bonos públicos argentinos (-7%). La oposición, en tanto, rechazó la iniciativa oficial por considerarla "un robo" y un "saqueo del dinero de los jubilados", tal como la califica la líder de la opositora Coalición Cívica y ex candidata presidencial, Elisa Carrió.