Paro histórico en la judicatura

Los jueces y los secretarios judiciales de toda España protagonizaron ayer un paro histórico que paralizó durante tres horas la actividad de los juzgados de prácticamente todo el país, y que se ha convertido en un auténtico pulso al Gobierno central.

Esta huelga, convocada a escala nacional por las asociaciones mayoritarias de los secretarios judiciales (el Colegio Nacional y la Unión Progresista), partió en principio en solidaridad con la secretaria del juzgado de lo penal de Sevilla, Juana Gálvez, sancionada por el Ministerio de Justicia por no ejecutar la prisión del supuesto asesino de la niña Mari Luz Cortés.

Sin embargo, la convocatoria se convirtió finalmente en un acto abiertamente reivindicativo, en el que se exigió a las administraciones con competencias en Justicia (el Gobierno central y los autonómicos) mayores inversiones económicas «para mejorar la falta de medios» con los que cuentan los juzgados, y que -según denuncian- son la causa principal de que ocurran errores como el que derivó en la desgraciada muerte de Mari Luz.

Un seguimiento masivo

En Cádiz, prácticamente la totalidad de los 100 secretarios judiciales que trabajan en los juzgados de la provincia secundaron el paro. Así lo confirmó la Coordinadora provincial de Secretarios, Rosario Troncoso, que reconoció ayer que el seguimiento ha sido del 100%, ya que los juzgados de guardia que sí funcionaron lo hicieron para cumplir los servicios mínimos obligatorios.

Los secretarios judiciales son los encargados de que funcione el engranaje interno de cada juzgado, y los que dirigen la gestión del maremagnum de papeles que se maneja antes, durante y después de cada juicio: sentencias, señalamientos de juicio, ejecuciones de sentencias, sumarios ordinarios y un largo etcétera de pepeleos pasan por sus manos. La huelga obligó a suspender, por tanto, diversos juicios -aún sin confirmar su cifra- que se iban a celebrar ayer en los distintos órganos judiciales de la provincia.

Además, a lo largo de las tres horas que duró la huelga, otras oficinas judiciales como los registros quedaron prácticamente paralizadas, ya que, aunque el resto de trabajadores subordinados no estaban convocados a la huelga, su actividad está supeditada a la de sus superiores: «todos los papeles deben pasar por la secretaria», se justificaba ayer una funcionaria del Registro Civil de Cádiz.

En esta oficina, concretamente, se fueron acumulando sin remedio largas colas de ciudadanos que querían inscribir a sus hijos recién nacidos o presentar cualquier instancia y que tuvieron que esperar hasta el fin de la huelga, a las 13 horas.

Concentraciones

En los diferentes partidos judiciales de la provincia, los secretarios manifestaron sus protestas y sus quejas en diversas concentraciones simbólicas ante los juzgados de cada ciudad. Así, se dieron actos de protesta en Cádiz, Jerez o El Puerto aunque los funcionarios se limitaron, en la práctica, a repartir el comunicado conjunto de la convocatoria, en el que se resumen las quejas comunes de todas las secretarías de España: en resumidas cuentas, «insuficiencia de medios personales, materiales e informáticos de los que se dispone para la realización» de sus funciones. En el documento piden también una inversión económica para modernizar los juzgados. Y, sobre todo, la puesta en práctica de un decreto de 2003 con el que se pretendía reorganizar la estructura de la Justicia, y cuyo desarrollo se ha paralizado durante cinco años.

Los jueces se quejan

Los secretarios juzgados no fueron los únicos que ayer plantearon quejas por la situación en que se encuentra la Justicia. También los jueces protagonizaron su particular su plante al Gobierno central para criticar las carencias materiales de los juzgados y denunciar «las injerencias» políticas y la falta de independencia del Poder Judicial respecto del Gobierno.

En este caso, también el detonante se encuentra en el caso Mari Luz, ya que al hablar de «injerencias» se refieren a las críticas de varios miembros del Gobierno y de la oposición a la sanción del CGPJ contra el juez sevillano Rafael Tirado (responsable de la no encarcelación de Santiago del Valle).

Los jueces consideran, de hecho, que el los políticos pretenden con estas críticas «ocultar su responsabilidad» en los problemas y las carencias de la Justicia. Y yendo a más, les acusan incluso de la «politizar» el CGPJ, una acusación grave que según los jueces cuando se dan «hacen que las reglas democráticas no funcionen bien», afirmaba ayer el presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz, Lorenzo del Río.

Aparte de la sanción del juez Tirado, quejas de todo tipo (políticas, materiales, sociales...) se mezclaban ayer en una jornada que se podría considerar histórica, ya que hasta ahora los jueces no habían amagado con iniciar nunca una huelga. Y aunque en la práctica, los magistrados no convocaron un paro oficial, sí llegaron a cesar su actividad para celebrar Juntas Generales: unas reuniones que se convirtieron en la práctica en actos reivindicativos paralelos a los de los secretarios judiciales.

En la provincia de Cádiz, el seguimiento de los magistrados a esta especie de paro no oficial también fue masivo, y en cada ciudad se celebraron juntas generales de las que salieron manifiestos cargados de críticas y peticiones, que serán elevadas al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La jueza decana de Cádiz capital, Nuria Orellana, anunció además que estas reuniones se repetirán «en un tiempo prudencial» para analizar si se han cumplido sus reclamaciones, e incluso advirtió que no descartan movilizaciones... ¿Quizá la primera huelga de jueces de la Democracia?

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