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El Gobierno avisa a los jueces de que ninguno debe sentirse intocable

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, acusó ayer a los jueces de intentar presionar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que mantenga la leve sanción al juez Rafael Tirado y advirtió de que «si alguien pretende ser intocable, no lo va a conseguir». En su opinión, el paro de los secretarios judiciales y la «huelga encubierta» de los jueces, que paralizaron este martes la actividad procesal en toda España, responde a un «corporativismo desmedido».

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Los responsables de Justicia y Presidencia salieron en tromba para frenar en seco las protestas que han llegado en los últimos días desde la judicatura a cuento del 'caso Mari Luz'. Consideran que los jueces «han alentado» el paro de los secretarios judiciales con la convocatoria de juntas en todos los tribunales, lo que ha mermado el funcionamiento de los juzgados pese a las reclamaciones del consejo para que esto no ocurriera.

El secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, destacó que «llama la atención» que algunas juntas de jueces fueran convocadas «antes, durante o después» de la huelga de los secretarios judiciales, lo que paralizó «por completo» la actividad de algunos tribunales de Valencia, Barcelona o Madrid. Y calificó estos hechos como una «huelga encubierta» de los magistrados, llevados por un «corporativismo desmedido e inexplicable». Sus declaraciones fueron ratificadas por el portavoz del grupo parlamentario socialista, José Antonio Alonso, juez en excedencia y ex miembro del CGPJ, para quien el paro careció de «justificación alguna». La secretaria de organización del PSOE, Leire Pajín, mostró su respeto a los secretarios judiciales, pero también advirtió de que «nadie puede ser intocable».

Desde el Partido Popular, Federico Trillo, portavoz de Justicia, recordó que hubo «excesos de opinión» en las críticas a la sanción impuesta a Rafael Tirado cuando «desde la política no debe hacerse una valoración de las decisiones internas en órbita disciplinaria».

Más duro fue Javier Arenas, presidente del PP andaluz, que denunció la «persecución» del Gobierno a los funcionarios de Justicia y exigió respeto a la independencia de los jueces. «El PP no apoya la huelga, pero yo entiendo las razones de la indignación de muchos jueces, fiscales, secretarios y funcionarios», afirmó.