El juez Garzón procesa a siete presuntos miembros de ETA que operaban en México

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha procesado a siete presuntos miembros de ETA que operaban en México por los delitos de integración en organización terrorista, allegamiento de fondos con fines terroristas, blanqueo de capitales procedente de actividades terroristas y otro de falsedad documental.

Los procesados son Juan Angel Ochoantesana Badiola, Ernesto Alberdi Elejalde, Félix Salustiano García Rivera, Juan Carlos Artola Díaz, María Asunción Gorrochategui Vázquez, José María Urquijo Borde y Asier Arronategui Duralde. Todos, salvo Ochoantesana que se encuentra encarcelado en Francia, fueron extraditados por el Gobierno mexicano en 2006.

Garzón, que interrogará a los siete presuntos etarras el próximo viernes, sospecha que ETA utiliza un "grupo industrial maderero" para acoger a miembros de la organización armada en México. Asimismo, considera que, a partir de la documentación incautada a los distintos miembros de ETA, puede deducirse que el ex responsable del aparato logístico, Asier Oyarzabal Chapartegui, entregó entre los años 2001 y 2002 un total de 162.000 euros a Ochoantesana, miembro del citado comité.

Según un auto hecho público hoy, la estructura del colectivo de huidos en Méxido se desarrollaba en 'taldes' dirigidos por un 'comité de coordinación' que componían cuatro o cinco personas y que era presidido por un responsable, subordinado funcional y orgánicamente a la dirección de ETA en Francia.

Las funciones ejercidas por el "colectivo de refugiados" en México representan, según Garzón una continuidad en la actividad terrorista, extendida en este caso al país norteamericano. Estas funciones están siempre "orientadas, coordinadas y supervisadas" por la dirección de ETA en Francia y destacan fundamentalmente aquellas que están asociadas con el aparato de falsificación, logístico y el financiero.

La trama financiera

Según el magistrado, la forma que tenían de actuar era en un primer momento una entrega de dinero de miembros de la banda en España para su posterior transferencia al aparato logístico en México. El medio más utilizado y seguro era el de la utilización de transferencias internacionales, considerada la personalidad de los intermediarios. Aún así, también constituían fondos de inversión y cuentas puente usando identidades falsas con las que el dinero llegaba a sus últimos destinatarios en México y como vía habitual para depositar el capital procedente de ETA, administrando su saldo de la manera más conveniente según las necesidades orgánicas de su colectivo.

El reintegro de dinero se hacía mediante operaciones de efectivo y libramiento de cheques nominativos quer se cobraban por caja dificultando así o incluso imposibilitando la identificación del beneficiario de dichos fondos. Asimismo, se utilizaba por terceras personas tarjetas adicionales asociadas a cuentas corrientes de otros titulares, constituyendo un modo de financiación encubierto que permitía cargar los gastos de hoteles, viajes, alquileres y compras al titular de la cuenta corriente ocultando la identidad de la persona que en realidad contrata el servicio.

Finalmente, también se optaba por la participación en la trama financiera de personas en situación de jubilación, de contrastada afinidad con la causa terrorista e, incluso, con vínculos de unión familiares, como procedimiento idóneo para que las operaciones de tráfico, canalizadas a través de ellos, pasen inadvertidas.