Los jueces echan un pulso al nuevo Consejo General del Poder Judicial

Los jueces quieren poner a prueba la autoproclamada independencia del nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ante la inminente resolución de los expedientes disciplinarios del 'caso Mari Luz' y con la reforma de la administración de Justicia en el horizonte. Para ello, decidieron ayer mantener la convocatoria para hoy de las juntas que celebrarán en los tribunales de toda España, reuniones que coincidirán con el paro de tres horas que realizarán los secretarios judiciales. Así se lo expusieron al presidente del CGPJ, Carlos Dívar, que no pudo desactivar las protestas de los jueces, «muy molestos» por la, a su juicio, injerencia del Ejecutivo.

El 'caso Mari Luz' no es más que el detonante de un conflicto latente entre los jueces y su órgano de gobierno. Los magistrados no esconden su malestar por la elección de los nuevos vocales de esa institución, un proceso en el que los candidatos que propuso la propia magistratura fueron ignorados en las negociaciones entre el Gobierno y la oposición. Socialistas y populares primaron en cambio a los representantes de las organizaciones judiciales: el PP avaló a los candidatos de la Asociación Profesional de la Magistratura, mientras que el PSOE apadrinó a los de Jueces por la Democracia y Francisco de Vitoria.

Este conflicto, sin embargo, no afloró en la reunión de los jueces decanos con el presidente del CGPJ. El decano de Madrid, José Luis González Armengol, aseguró tras el encuentro que los temas que tratarán las juntas, reuniones ordinarias de la judicatura, atienden a la reforma de la Administración de Justicia, la revisión de los juzgados y los partidos judiciales y la delimitación «clara» de las cargas de trabajo entre el juez y los secretarios. Pero estas juntas son también la forma de protestar de los magistrados ante la imposibilidad legal de ir a la huelga o sumarse a los paros. En este sentido, González Armengol no negó que en el ambiente de las reuniones también flotarán las protestas por las presiones políticas que ha generado el expediente abierto al juez Rafael Tirado y la reacción «tardía y liviana» del consejo.

Consenso

El juez decano de Madrid aseguró que existe consenso en la judicatura en que el detonante del 'caso Mari Luz', muerta porque su asesino seguía libre ante la incapacidad del juzgado sevillano de Rafael Tirado para ejecutar una condena impuesta contra él, fue un «fallo generalizado» del sistema judicial. Recordó que en su momento ya pidieron al CGPJ que estuviera a la «altura de las circunstancias», como máximo garante de la independencia judicial, y se abstrajera de las presiones externas.

La portavoz del consejo, Gabriela Bravo, confirmó el «malestar» de los jueces por las declaraciones de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, y del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, que pidieron una sanción más dura para Tirado. Bravo intentó tranquilizar a la magistratura y garantizó que la institución «no va a asumir ningún tipo de presión». Con respecto a la convocatoria de las juntas, la portavoz señaló que ni «el presidente (Carlos Dívar) ni el consejo han pedido que las desconvoquen» y recordó que «nuestro objetivo no es fiscalizar el control de los jueces», a los que reclamó «responsabilidad» para que la actividad judicial no sufra los efectos de las protestas con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos.