Juzgan a un hombre por acoso inmobiliario en Getxo

Fiscalía y acusación particular piden ocho años para los cuatro imputados (propietario y tres personas que entraron de alquiler) por el caso de acoso inmobiliario presuntamente ocurrido en Getxo (Vizcaya) en el año 2003, en un piso de un palacete de lujo, mientras la defensa alega que permitió a la familia de etnia gitana vivir en el inmueble porque le "daba pena que hubiera 15 niños en la calle". El abogado de la acusación particular, Ignacio Imaz, ha explicado hoy que su cliente vivía de alquiler en la vivienda inferior de un bloque de tres alturas cuando el piso superior fue adquirido por uno de los acusados, J.J.R.

En ese momento el denunciante ejerció el derecho de compra que poseía sobre la casa en la que habitaba de renta, y "fastidió la operación inmobiliaria" al reciente dueño del piso superior, que también, según ha añadido, quería comprar el inmueble de abajo. Ante esta situación, siempre según la narración del abogado de la acusación particular, J.J.R. "metió a una familia de etnia gitana" en el piso de arriba "con intención de que hicieran todo tipo de perrerías para que consiguiera amilanar la voluntad" de sus clientes y que estos "acabaran vendiéndole el piso y poder hacer la operacón inmobiliaria" al imputado.

Además, ha dicho que el juicio oral que ha comenzado hoy durará tres días ya que, tras la declaración durante la mañana de los imputados y 21 policías, mañana llegará el turno de fontaneros, peritos y testigos, en el primer caso judicial de acoso inmobiliario que se da en Euskadi. Por su parte, el mencionado J.J.R., dueño del piso superior, ha advertido hoy de que "el mobbing inmobiliario es totalmente falso" porque "quien se dedica a reparar viviendas viejas y venderlas es precisamente la otra parte, la que denuncia", como demuestra, ha añadido, el inmueble situado en "el número 64 del Muelle de Las Arenas".

Respecto a la motivación para dejar entrar a la familia de etnia gitana en el piso recién adquirido, ha explicado que "no tenían recursos y estaban en la calle" y la responsable de todo aquel grupo era una señora que tenía a su cargo 15 niños y "cuatro o cinco hijas" porque "los yernos estaban detenidos y otros estaban fuera". "Entonces me daba pena que hubiera 15 niños en la calle. Decían que les tiraban cosas: yo he tenido la prensa allí mirando el piso. ¿Dónde están los agujeros por donde les tiraban el agua? No hay ningún agujero, ni ha habido, porque si hay algún agujero y está reparado eso se nota y tontos no sois ninguno", ha remarcado.

En cuanto al hecho de que los niños pudieran tirar alguna cosa por la ventana, ha asegurado que los menores "hacen cosas de ésas" y cuando bajaban "para que les dejaran coger alguna zapatilla o un jersey o cualquier cosa, lo que hacían es llamar a la Policía para que sacaran fotos para decir que les estaban tirando cosas". A su entender, en este caso "hay mucho trasfondo y mucha mentira montada sobre esa vivienda".

Por un euro

Respecto al contrato que realizó a la familia gitana, por valor de un euro a pesar de que el inmueble cuenta con 400 metros cuadrados, ha precisado que "por narices hay que hacer contrato a todo el mundo" y, además, lo realizó para "dejar claro" que el día que se pudiera reparar la casa tendrían que marcharse. Por otro lado, ha asegurado que el inmueble será para sus hijos y que actualmente lo está reparando.

El juicio oral se está desarrollando en el Juzgado de lo Penal número 2 de Bilbao por los sucesos ocurridos en un piso ubicado en un palacete de lujo del barrio getxotarra de Neguri, conocido como la Casa Tangora. Además del propietario del piso superior, los otros tres imputados son el matrimonio de etnia gitana y su hijo, a los que alquiló la vivienda por un euro. Según la acusación, el inmueble llegó a estar ocupado por una treintena de personas y la imputación es por un delito contra la integridad moral, y varios más por destrozos, robo, amenazas y allanamiento de morada.

Casa Tangora

La Casa Tangora es un edificio de cinco alturas, dividida en tres inmuebles, dos dúplex y un piso entre los dos y, al parecer, tras una herencia, J.J.R., hostelero de la localidad vizcaína de Erandio, compró el piso con la intención de hacerse también con el duplex de la primera planta, que se encontraba en ese momento alquilado. El segundo dúplex se encontraba en ese momento vacío, ya que su dueña residen en Madrid.

Los inquilinos del dúplex alquilado ejercieron su derecho de compra cuando fue puesto a la venta, rechazando la oferta que les realizó el hostelero que, siempre según la acusación, cedió el piso a una familia de etnia gitana que vivía en la calle, en una furgoneta aparcada en Erandio, arrendándoselo por un euro. Tras las pertinentes denuncias y en agosto de 2004, un juzgado de Getxo dictó medidas cautelares y ordenó el desalojo de la familia gitana, así como su expulsión del municipio.