El juez Garzón, la memoria y sus límites
Hace unos años visitó España el doctor Gauck, el pastor protestante que dirigió la apertura de los archivos de la Stasi. En una comida asistió a la discusión entre dos españoles de la misma edad, nietos de fusilados por el franquismo durante o tras la guerra civil. Uno quería una investigación pública de las quizá más de 100.000 muertes para localizar enterramientos, sepultar los restos y declarar los autores.
Actualizado: El otro defendía la decisión frecuente de echar el pasado al olvido y educar a los hijos sin que su visión del mundo y su futuro quedara aún más condicionada por los horrores de la guerra y los asesinos. A Gauck le fascinó la discusión desde la doble experiencia alemana del nazismo y la DDR.
Los nazis fueron derrotados absolutamente, sus dirigentes juzgados en Nürenberg. Aunque la Guerra Fría paró la desnazificación y el tercer canciller de la RFA había sido miembro del partido nazi, la reacción mayoritaria de los historiadores, el 68 y una cultura política exquisita han eliminado hasta el último vestigio del nazismo.
No es sólo que sea inconcebible una calle de Goebbels o una avenida del mariscal Keitel: en Alemania no aceptan niveles de agresividad en la polémica política que puedan sugerir un resto de la agresividad de entreguerras.
La DDR impuso una dictadura de otro cuño y acabó hundiéndose en el descrédito. Tras la reunificación fueron procesados algunos de sus dirigentes, espías y policías; aunque funcionarios, soldados o profesores separados del servicio público cobran puntualmente una pensión de la Alemania occidental que combatieron. Pero la digestión de esta memoria sigue siendo pesada: el partido heredero en parte del SED (Partido Socialista Unificado de Alemania) es el segundo más votado en la antigua DDR, cuya población, nostálgica hacia un Estado que garantizaba cierto bienestar a quien no se metiera en política, declara una bajísima aceptación del sistema democrático.
¿Cómo se resuelve la salida de una dictadura que ha encerrado tras un muro a sus ciudadanos, que los ha encarcelado y asesinado por sus ideas? ¿Con procesos penales, con la obra de los historiadores, con juicios de filósofos o teólogos, con debates parlamentarios, con los libros de texto de la siguiente generación? ¿Es posible en España un proceso como el que inicia el juez Garzón, puede ser eficaz o beneficioso? ¿Tiene la competencia que se atribuye, contra la Fiscalía, que opone que esa investigación correspondería en todo caso a cada juez local, que los hechos no pueden ser considerados delitos contra la Humanidad, que han prescrito y sus autores fueron amnistiados? Las asociaciones judiciales coinciden en que tiene pocas posibilidades de prosperar jurídicamente y es propia del ámbito político.
Pero más allá del trabajo de los historiadores, de los conflictos concretos que pueden someterse al juez o al tribunal constitucional y de los debates parlamentarios se abre el reino de la conciencia, que es 'patrimonio del alma'.
En beneficio de ésta y para recordar a grandes españoles a los que la otra España quiso 'aniquilar', quizá fuera mejor leer a Azaña, que dejó escrito que no quería que sus restos padecieran la manía española de llevar y traer las reliquias de sus muertos famosos; a García Lorca, para revivir su rechazo del luto arrojado como una capa inescapable sobre los vivos; a Machado, cuyo 'Juan de Mairena' aconsejaría hoy a sus discípulos que estudiaran la Historia de España y luego se lanzaran al mundo con una beca Erasmus, para tratar de entender lo que pasa.
Es lo que se lee en las cartas de despedida de muchos fusilados, que dejaron con su última grandeza de espíritu el consuelo de su memoria.