La Policía detiene a un mínimo de dos conductores al día sin carné

A pesar de los ríos de tinta que han corrido en torno al caso, lo cierto es que la Policía Local se sigue topando con numerosos aprendices de Farruquito que ponen en peligro no sólo su propia seguridad, sino también la del resto de los ciudadanos. Según estimaciones de los agentes, diariamente se detiene a un mínimo de dos personas que circulan sin su correspondiente permiso de conducción. Hay días incluso que pueden llegar a encontrarse con cuatro o cinco de estos individuos, que en la mayoría de los casos también carecen del seguro obligatorio de sus vehículos.

Como han explicado a LA VOZ estas mismas fuentes, suele tratarse de jóvenes que no llegan a la mayoría de edad al volante de ciclomotores, haciendo gala además en muchas de las ocasiones de una conducción temeraria. Unos datos que, aparte de alarmantes, ponen en evidencia la escasa eficacia del nuevo sistema en materia judicial que se está aplicando a este tipo de conductas. Si hasta hace poco circular sin seguro o sin carné suponía una infracción de carácter administrativo, ahora se ha convertido en un delito, pero su criminalización no está dando los frutos que se esperaba.

Hace un mes fuentes judiciales ya denunciaban los perjuicios de este cambio del Código Penal, y ahora las fuentes policiales consultadas por este medio también muestran serias dudas al respecto. «Los chavales jóvenes lo siguen haciendo, y continúan sin darle la importancia que merece el tema. A raíz de la alarma social que se creó con Farruquito hubo un cambio en el Código Penal, pero esto debería seguir siendo una sanción administrativa. Piensan que penalizando conductas la gente entrará en el redil, pero no es así».

Este razonamiento lo sustentan en el hecho de que cuando alguien delinque en este ámbito por primera vez, siempre la condena de cárcel es menor de dos años, por lo que se produce una suspensión de la ejecución y sólo si resulta reincidente podría llegar a cumplirse. A ello hay que añadir el hecho de que la lentitud generalizada del sistema hace que, especialmente en el caso de los menores, la celebración del juicio se eternice y se impongan penas tales como trabajos a la comunidad que, debido al caos organizativo y la saturación de la Justicia, nunca se llegan a cumplir.

Corriente inversa

En el resto de Europa, como apuntan los agentes, la tendencia es justamente la contraria, la de despenalizar estos comportamientos con multas y otras medidas que a su juicio acaban siendo más eficaces. «Si a alguien se le coge sin seguro se le multa con 600 ó 700 euros, o sin carné con 1.500 euros. Además, se inmoviliza el vehículo durante tres meses y esto, entre otras cosas, evita también que los chavales se presten las motos unos a otros. Para sacarlo del depósito luego tienes que sacarte el seguro a la fuerza, y esas sí que son medidas que funcionan. El problema es que esto también supondría un gasto municipal para hacer un buen depósito, y eso ya es otra historia».

Otro de los problemas que subyace de fondo es la sensación de impunidad de la que siguen gozando los menores de edad, como evidencian los funcionarios consultados. Según ellos, el joven continúa teniendo una «percepción errónea» de que la Ley del Menor más que castigarle la conducta le amparará ante cualquier situación adversa, cuando las penas muchas veces implican internamientos en centros de más de un año.

Para ello, para desmitificar esta idea generalizada, los profesionales abogan por una educación intensiva orientada a formar a los estudiantes en los peligros y consecuencias que conlleva el reproducir determinadas actitudes. Un acercamiento entre el policía de calle y el joven, mediante charlas y cursos en los centros educativos que pongan de relieve una realidad de la que, según los agentes, sigue sin ser consciente la gran mayoría.

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