Los bancos flaquean en la lucha contra la financiación del terrorismo

Los bancos españoles no disponen de medios materiales y humanos suficientes para detectar entre sus clientes a sospechosos de pertenecer a redes de financiación de grupos terroristas a través de mecanismos como el blanqueo de capitales. Claro que percatarse de ello tampoco serviría de mucho porque ni las listas de terroristas se actualizan ni hay protocolos claros para denunciar ante la Administración las operaciones sospechosas de lavado de dinero procedente del crimen organizado, de ETA o de Al-Qaeda.

Así de simples, y de alarmantes, son las principales conclusiones del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), el organismo dependiente del Banco de España que desde 1993 se ocupa de bucear en las entidades bancarias y sus activos para descubrir las grandes operaciones de lavado de dinero. En un informe de 34 páginas, realizado a modo de auditoría de las entidades, el servicio revela importantes deficiencias del sistema bancario en la lucha contra el blanqueo, y dibuja un panorama muy pesimista.

Situación preocupante

Aunque hay problemas y carencias en todos los aspectos de las investigaciones sobre lavado, el estudio hace hincapié en que la situación es preocupante, sobre todo en lo que respecta a la colaboración de las entidades con la Comisión de Vigilancia de Financiación del Terrorismo, creada en 2003 por el Ministerio del Interior y que es la herramienta fundamental de la Administración para buscar las cuentas de ETA y Al-Qaeda, ya que está autorizada a congelar cualquier tipo de activo financiero sin necesidad de contar con el permiso de los jueces. Sin embargo, apenas puede hacer uso de esta prerrogativa.

Los técnicos del Banco de España son tajantes: los bancos españoles carecen de «procedimientos específicos para detectar la posible relación de los clientes con la financiación del terrorismo». Las entidades no saben cómo localizar las cuentas sospechosas. Aunque lo hicieran, el Estado tampoco tiene herramientas para seguir la investigación porque «el proceso de consulta de listas» de terroristas no está «automatizado». El SEPBLAC concluye que va a ser muy difícil encontrar terroristas entre los titulares de cuentas de los bancos españoles porque «no se realiza el cruce de la base de datos de clientes con las listas internacionales (de terroristas) después de haber dado de alta al cliente». Aunque en realidad ni siquiera ese rastreo sería efectivo porque las listas de sospechosos «no son actualizadas». Un portavoz de la Asociación Española de Banca (AEB) defendió que las entidades «aplican todos los medios a su alcance para combatir el blanqueo de capitales, y lo hacen por su propio interés, porque son las principales interesadas en no verse involucradas en este tipo de actividades delictivas».

El informe detecta numerosas deficiencias en la «organización interna» de los bancos a la hora de poner en marcha «órganos adecuados de control» para detectar posibles terroristas que intentan limpiar dinero. «Los medios humanos, materiales y técnicos son insuficientes o inadecuados para realizar las labores de prevención». Y sin la ayuda de los bancos, la Administración poco puede hacer porque la SEPBLAC, explican fuentes del organismo, está integrada por sólo 77 personas que deben investigar miles de operaciones sospechosas en toda España: 49 son funcionarios del Banco de España, seis de la Agencia Tributaria, 18 de la Policía Nacional y cuatro de la Guardia Civil.

«Composición ineficaz»

Los especialistas son muy críticos con la forma de trabajar de los «órganos de control interno» de las entidades. Afirman que tienen una «composición ineficaz», habida cuenta de la «falta de representatividad de los cargos», la «periodicidad inadecuada de las reuniones del órgano», la «inexistencia de una unidad operativa de prevención» o la «falta de definición en las funciones específicas».

Los problemas también se extienden a la propias «normativas internas» de los bancos. Sus órdenes para luchar contra el blanqueo en España «no están actualizadas o son incompletas». Tampoco hay interés por adaptar las normas: «falta definición y desarrollo de procedimientos», asegura el informe, porque las entidades se han limitado a hacer una «mera trascripción de las obligaciones a cumplir» sin establecer las líneas de trabajo. En los casos en que hay «manuales de procedimientos adecuados y exhaustivos, realmente no son aplicados por la entidad», concluye el informe.