El fiscal acusa de prevaricación a la vicepresidenta de Castilla y León
Pide la imputación de María Jesús Ruiz por autorizar el proyecto urbanístico de la 'Ciudad del Golf' de Ávila
Actualizado: GuardarLa Fiscalía de la Audiencia de Ávila pidió ayer la imputación de la vicepresidenta primera de la Junta de Castilla y León y consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, por un presunto delito de prevaricación al autorizar el macroproyecto urbanístico de La Ciudad del Golf, ubicado en Las Navas del Marqués (Avila).
Según la acusación pública, la responsabilidad de la vicepresidenta se debe a que firmó la declaración de impacto ambiental de forma arbitraria y en contra de las normas autonómicas y estatales. Esta autorización es determinante para la construcción de 1.600 viviendas, dos hoteles de cuatro y cinco estrellas, y un gran campo de golf de 95 hectáreas.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León paralizó este proyecto en septiembre de 2006 porque las 210 hectáreas estaban situadas en Zona de Especial Protección para las Aves, Lugar de Interés Comunitario y Zona de Importancia de la Cigüeña Negra.
Los permisos concedidos por la Junta de Castilla y León implicaban la recalificación de 145 hectáreas de suelo no urbanizable en suelo urbano. La demora en las resoluciones judiciales fue aprovechada por los promotores del proyecto urbanístico para talar 2.000 pinos durante las tareas de preparación del solar.
«Mi actuación está dentro del procedimiento administrativo», declaró la vicepresidenta de la Junta, que insistió en que no ha hecho «nada que no esté reglado».
Las diligencias se llevarán a partir de ahora en Burgos, sede del Tribunal Superior de Justicia, puesto que Ruiz tiene la condición de aforada por ser parlamentaria regional del PP. «Tendré la oportunidad de aclarar cuál ha sido mi actuación», apostilló. El consejero de la Presidencia y Portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, discrepó del dictamen de la Fiscalía porque «no lo compartimos».
Carlos Bravo, representante de Centaurea y una docena de colectivos ecologistas, expresó su satisfacción porque la decisión del fiscal «avala» la denuncia presentada por las asociaciones de defensa del medio ambiente.
El PSOE recordó que el PP utilizó la mayoría absoluta que tiene en las Cortes de Castilla y León para impedir cualquier investigación parlamentaria. Los socialistas constataron que en el proceso judicial abierto hay ya varios cargos del PP involucrados en un cúmulo de presuntas ilegalidades, como la desclasificación de parte del monte público de Las Navas para anexionarlo al proyecto.
