El Gobierno intentará atraer a empresas de la UE al sector servicios

Con la construcción en dique seco, la industria seriamente tocada por el parón del consumo y de la inversión y el turismo que ya le empieza a ver las orejas al lobo, el Gobierno ha decidido apostar fuerte por los servicios. El Consejo de Ministros dio luz verde este viernes al anteproyecto de una ley paraguas que liberaliza el acceso y ejercicio de las actividades en este sector, y que va más allá de la simple trasposición de la directiva comunitaria. Alimenta, entre otros, el objetivo de que muchas empresas de otros estados miembros de la Unión Europea encuentren más atractivo establecerse aquí.

Según avanzó el vicepresidente del Gobierno, Pedro Solbes, de este complejo plan cabe esperar al menos una aportación de tres décimas al crecimiento económico -derivada exclusivamente de la reducción de cargas administrativas- y una rebaja del orden de medio punto en el diferencial de inflación con el resto de los socios comunitarios. Y, de cumplirse las previsiones en los intercambios con el exterior, subirá ocho décimas el peso del sector servicios en el Producto Interior Bruto -que actualmente es del 66,7%- y tres décimas su aportación al empleo, que ahora se sitúa en el 66,2%.

'Ley ómnibus'

No es tarea de un día, ni implica modificación alguna de las competencias de las Autonomías, había asegurado previamente el secretario de Estado de Economía, David Vegara. A esta primera ley marco que llevará la pauta de las actuaciones futuras seguirá una ley ómnibus, que Solbes anunció para finales de año, y que modificará nada menos que 80 leyes estatales y 370 reales decretos.

Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y entidades con capacidad normativa -por ejemplo, los colegios profesionales-, tendrán que ponerse las pilas, a su vez, para proceder a la revisión de unos 7.000 procedimientos. Aunque la aplicación de la directiva europea tiene de plazo el 28 de diciembre de 2009, los efectos positivos de la transformación se dejarán sentir poco a poco, y la plena vigencia de los cambios llevará más tiempo.

Precisó Solbes que una serie de actividades de servicios quedan al margen de la nueva regulación, ya sea porque disponen de directivas específicas o porque no comportan una prestación económica. Son, entre otras, las empresas de trabajo temporal, las de transportes, servicios educativos, de sanidad y defensa, los sectores de telecomunicaciones y audiovisual y las compañías de servicios financieros. Y, si bien los principios inspiradores de la ley marco se aplicarán con carácter general, determinadas cuestiones se verán reforzadas en normas propias. Por ejemplo, la supresión de la segunda licencia para la apertura de establecimientos comerciales -plenamente afectada por el anteproyecto- figurará además en una ley general de Comercio que ya está en fase de elaboración.

Pero el ámbito de la norma ahora aprobada es muy extenso. Abarca las tiendas, los bares, cafeterías, restaurantes y hoteles, las agencias de viajes, las entidades culturales, los servicios de reparación, los artesanos, la venta ambulante, los servicios funerarios y la distribución de prensa, entre otras muchas actividades.

La ley paraguas consagra el principio de libre establecimiento. Se eliminarán, por tanto, las autorizaciones administrativas que no estén justificadas por razones de interés general y las que sean desproporcionadas. Terminarán, con ello, las improductivas esperas hasta la concesión de una licencia, porque las autorizaciones se sustituirán por notificaciones a la autoridad competente.