El Gobierno da luz verde a las ayudas para los afectados por la tromba de agua

El Consejo de Ministros celebrado ayer acordó conceder ayudas económicas a los miles de damnificados en la provincia de Cádiz por la torrencial tormenta que inundó -literalmente- las ciudades gaditanas el pasado fin de semana, y que provocó daños que se estiman (aún sin datos oficiales) en millones de euros.

Las subvenciones se extienden además, a otras zonas, como la provincia de Huelva, Madrid, la Comunidad Valenciana o Extremadura, aunque el Consejo ha hecho especial hincapié al destacar la Bahía de Cádiz como la zona cuyos habitantes han sido «los más afectados» por la tormenta (la más intensa de los últimos 40 años en la provincia). De hecho, en el acuerdo se hace una referencia especial a las inundaciones que «en el Barrio de la Viña, San Fernando y el Puerto de Santa María» obligaron a «desalojar a varias familias». Finalmente, el Gobierno no ha realizado un plan de ayudas específico para la provincia, sino que se aplicará un real decreto de 2005 (el 307/2005) que regula este tipo de subvenciones «para cubrir situaciones de emergencias o de naturaleza catastrófica», como las inundaciones ocurridas en Cádiz. De hecho, como explica el propio Ejecutivo, esta norma se ha aplicado recientemente para casos similares.

Para solicitar las ayudas

El Ministerio de Interior será el encargado de tramitar y conceder las ayudas, aunque todavía no se ha marcado un protocolo para que los miles de afectados empiecen a solicitarlas. Aunque parece claro que serán los Ayuntamientos, la Junta y la Subdelegación del Gobierno, los que se organicen para recabar y canalizar las peticiones.

En la provincia de Cádiz, de hecho, los ayuntamientos de las once ciudades más dañadas (en colaboración con la consejería de la Gobernación de la Junta) han empezado ya a recopilar las denuncias de vecinos, comerciantes e instituciones que hayan sufrido los estragos de la lluvia.

Para ello, los consistorios han abierto ya oficinas de atención a afectados y se han puesto en contacto con asociaciones de comerciantes, de manera que el martes puedan hacer una primera valoración general de los daños, una cifra que ningún organismo se ha aventurado a dar todavía, pero que amenaza con ser millonaria: sólo en el campo, la asociación de jornaleros andaluces Asaja calcula pérdidas de 22 millones de euros.

En el acuerdo tomado por el Consejo de Ministro tampoco se estima aún ninguna cuantía inicial, ni se marca un límite máximo de ayudas, a la espera de tener entre las manos una valoración de las pérdidas.

Sin embargo, sí se establece los topes de dinero que se concederá por cada tipo de pérdida: ya sea en viviendas, en establecimientos mercantiles e incluso personales.

15.120 euros por casa

De este modo, la subvención de mayor cuantía será de 18.000 euros por «muerte o incapacidad absoluta», un extremo al que no se ha llegado afortunadamente en Cádiz. Tampoco se han dado casos de «destrucción total de vivienda» (por lo que se llegará a dar 15.120 euros) y en pocos casos por daños no estructurales en casas (cuya ayuda es de 5.160 euros). Por daños en enseres, por ejemplo, las subvenciones serán de hasta 2.580 euros, y por daños en elementos en comunidades de propietarios, 8.000 euros, una cifra idéntica a la que podrán recibir los comercios.

El decreto de 2005 que se aplicará no sólo permitirá cubrir los daños en propiedades de particulares, sino que también incluye los gastos que han asumido los ayuntamientos, como las intervenciones de bomberos (y en la provincia de Cádiz se contaron por cientos), aunque el Decreto deja claro que «en ningún caso serán subvencionados los gastos de personal de bomberos, policía local y protección civil», como las horas extra que se emplearon.

En la lista de ayudas reseñadas por el Consejo de Gobierno no aparecen estos conceptos, aunque el decreto ya explica que se pagará un porcentaje de las pérdidas variable, según «la naturaleza» de los daños. Sólo se darán ayudas a los ayuntamientos cuyos gastos de emergencia superen el 3% de el presupuesto «relativo a gastos corrientes en bienes y servicios»

Seis meses de plazo

En el acuerdo tomado ayer, se señala que los trámites de las solicitudes se resolverán con la «máxima urgencia posible». Aunque el decreto ya especifica que el Ministerio deberá conceder las ayudas en un plazo de seis meses. En previsión de esto, la Junta y los Ayuntamientos gaditanos acordaron crear un fondo a nivel regional para adelantar las ayudas que sean más urgentes.

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