El juez del accidente de Barajas pide un informe sin esperar al de Aviación Civil Spanair apoya sus trabajadores

El juez instructor del accidente de Barajas abrirá una investigación paralela para conocer las causas del siniestro aéreo del 20 de agosto que provocó la muerte de 154 personas. El magistrado Juan Javier Pérez, titular del Juzgado número 11 de Madrid, no esperará el informe definitivo de Aviación Civil, que se retrasará más de un año. El juez ha acordado recabar un informe pericial a una comisión compuesta por dos pilotos, dos ingenieros aeronáuticos y dos técnicos expertos en mecánica aeroespacial.

La decisión del juez llega después de hacerse público el informe preliminar elaborado por el organismo perteneciente al Ministerio de Fomento. El magistrado alega que, «a la vista del procedimiento y estando pendiente su redacción definitiva en un plazo previsiblemente largo», es necesario constituir una comisión pericial designada por el juzgado.

En la elección de los expertos participarán los colegios profesionales de pilotos y de ingenieros aeronáuticos, que remitirán, cada uno de ellos, un listado de al menos 30 profesionales en activo con una antigüedad mínima de 15 años, de los cuales se elegirán a dos pilotos y otros tantos ingenieros. En el caso de los mecánicos, que no están colegiados, se pedirá a Aviación Civil un listado de treinta técnicos con experiencia en el modelo siniestrado, el Boeing MD-82, del que se seleccionarán a dos de ellos.

Tres imputados

El juez ha imputado por homicidio involuntario y lesiones a dos técnicos y al jefe de mantenimiento de la compañía Spanair que revisaron el avión accidentado. La acusación se fundamenta en que los operarios despacharon la aeronave sin percatarse de los problemas mecánicos que causaron el accidente, si bien la decisión última -expone el auto del magistrado- correspondía al comandante de la aeronave, fallecido en el fatídico siniestro. Por ello, el instructor interrogará el próximo 12 de noviembre a Felipe García (mecánico), Julio Navarro (técnico de mantenimiento) y Jesús Torroba (jefe de mantenimiento de Spanair en el aeropuerto de Barajas) en calidad de imputados por homicidio imprudente de 154 personas.

El juez concluye en el auto que la causa última del siniestro, según recoge el informe preliminar de Aviación Civil, pudo ser que no se desplegaron los flaps y los slats (alerones que ayudan al aparato en el despegue), lo cual afectó a su estabilidad. Señala además el magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid que no se activó el sistema de alarma que debería haber advertido a la tripulación de estos fallos técnicos. En este sentido, el juez destaca el incidente del sensor de la temperatura que abortó el primer despegue.

Una de las partes que ejerce como acusación popular del siniestro, la Organización Impulsora de Discapacitados (OID), solicitó ayer al juez que Spanair deposite una fianza cautelar de 154 millones de euros como medida cautelar en concepto de responsabilidad civil.

La petición llega al Juzgado después del «giro radical» que ha dado el instructor a la investigación tras decidir imputar a los técnicos de la compañía aérea, lo que demuestra que «no se ha dejado influir por nadie», afirmó el abogado de la Organización Impulsora de Discapacitados, Javier Gallego. Spanair aprueba la decisión de crear una comisión judicial paralela a la comisión técnica que investiga el accidente del vuelo JK5022 y respalda a los tres técnicos imputados por el juez instructor del caso, ya que esta condición «no merma» su presunción de inocencia.

Fuentes de la aerolínea, que evitaron valorar más allá la decisión judicial, señalaron que las acciones emprendidas por el juez son «las habituales» cuando se produce un accidente aéreo con víctimas para esclarecer las causas del siniestro. «Que se tome declaración en calidad de testigo o como imputado a los peritos forma parte del proceso de instrucción y no supone, en modo alguno, una merma de su presunción de inocencia», dijeron portavoces de la empresa.

En este sentido, señalaron que los tres técnicos imputados, los dos mecánicos que revisaron el avión antes del segundo intento de despegue y el jefe de mantenimiento, cuentan con el apoyo de la compañía.

Asimismo, las mismas fuentes recordaron que desde finales de agosto la compañía aérea está personada «voluntariamente» en la causa judicial con el objetivo de realizar un seguimiento del proceso para que éste sea «el adecuado».

En cuanto a la puesta en marcha de la comisión judicial, Spanair considera que «lo deseable» es que los expertos que la integren tengan «acreditados conocimientos técnicos y experiencia investigadora en este tipo de accidentes».

La comisión de investigación judicial estará formada por dos pilotos, dos ingenieros y dos mecánicos expertos en mecánica aeroespacial, según se recoge en el auto del juez Javier Pérez. Los expertos serán designados por el propio juzgado.